El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil condenó este jueves al gobernante Partido de los Trabajadores (PT) al pago de una multa de 1,6 millones de dólares por irregularidades detectadas en la rendición de cuentas relativa al año 2009.
Además de la multa, la corte sancionó al partido de la presidenta Dilma Rousseff con la imposibilidad de recibir durante tres meses la suma que le corresponde del fondo partidario, compuesto por recursos del Gobierno central que se reparten entre los partidos en forma proporcional a los votos obtenidos, destacó DPA.
A raíz de esta sanción, el partido de izquierda dejará de recibir, según el portal del diario Folha de Sao Paulo, alrededor de 9,6 millones de dólares.
Las irregularidades apuntadas en el fallo están relacionadas con el escándalo de pago de sobornos a legisladores, conocido como «mensalao», que estalló en 2005, durante el primer gobierno de Lula.
Los ministros de la corte entendieron que el partido utilizó en 2009 unos 766.000 dólares del fondo partidario para pagar un préstamo obtenido en el Banco Rural en 2003.
El Banco Rural fue apuntado por el Supremo Tribunal Federal, en 2012, como la institución financiera usada por el PT para obtener préstamos simulados que se destinaban a pagar mensualmente sobornos a legisladores, a cambio de su apoyo en el Congreso.
Por esta razón, seis de los siete ministros de la suprema corte electoral entendieron que los recursos obtenidos del fondo partidario nunca deberían haber sido utilizados para pagar dichos préstamos, considerados «ficticios» por el Supremo, y aplicó las sanciones antedichas.
El fallo le cae al PT en uno de los peores momentos desde que fue fundado en 1980 por el sindicalista Luiz inácio Lula da Silva.
El partido ganó las elecciones presidenciales del año pasado por muy estrecho margen, un escaso 3,3% de los votos, y está inmerso en otro gigantesco escándalo de corrupción, el que sacude al ente estatal Petrobras.
A raíz de este escándalo fue arrestado el ahora ex tesorero del partido Joao Vaccari Neto, acusado de los delitos de lavado de dinero y corrupción.
Además, varios de sus políticos fueron denunciados por vínculos con la red ilegal que operó en la mayor empresa pública del país.
A instancias de estos escándalos, sumados a la crisis económica por la que atraviesa el país y a los problemas de gobernabilidad que enfrenta Rousseff, en lo que va del año se realizaron dos multitudinarias protestas exigiendo la salida del gobierno de la presidenta y de su partido.
En un intento de respuesta al reclamo popular, el PT informó semanas atrás que ya no recibiría donaciones del sector privado, lo que hará mermar considerablemente sus ingresos.
DC | Agencia