El pasado 18 de febrero el abogado Henry Pereira Gorrín interpuso un recurso de nulidad contra la resolución 008610 de fecha 23 de enero de 2015, dictada por el Ministerio de la Defensa, en la que se autoriza el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas públicas en caso de violencia durante manifestaciones. Ayer la solicitud del letrado fue admitida por el Tribunal Supremo de Justicia.
El Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa admitió la demanda de Pereira y citó a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz; al procurador encargado, Reinaldo Muñoz y al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, para que preparen sus argumentos para el eventual juicio en el que se revisará la norma.
En el escrito el demandante alegó que la resolución viola el artículo 43 de la Constitución Nacional, donde se establece que «el derecho a la vida es inviolable».
Tarek William Saab, defensor del Pueblo, aseveró en febrero pasado que el ministerio de la Defensa dictaría en el lapso de 30 días un manual para evitar imprecisiones en el reglamento, pero esto aún no ha ocurrido.
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