El Gobierno de Florida endureció los controles en las prisiones estatales después de las denuncias sobre brutalidad y corrupción en sus cárceles, entre ellas la muerte de un reo sometido a una ducha caliente como castigo.
«Ha habido brutalidad, negligencia e incluso asesinato de prisioneros a manos de los guardias de la prisión, sin rendición de cuentas», aseguró hoy a Efe Carolina González, directiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida.
La lluvia de denuncias llevaron al gobernador Rick Scott a decretar el pasado día 8 una acción ejecutiva para garantizar la «seguridad y transparencia» dentro del Departamento Correccional (DOC) estatal.
Uno de los casos que más notoriedad ha tenido es el de un preso enfermo mental muerto en 2012 al que se le desprendió parte de la piel tras aguantar el vapor por un largo periodo de tiempo en un recinto cerrado.
El caso de Darren Rainey, de 50 años, salió a la luz pública en mayo de 2014 y destapó una serie de irregularidades en el Departamento Correccional (DOC) de Florida que han sido denunciadas por organizaciones de derechos civiles.
«¿Te gusta la ducha?», le decían con burla a Rainey los guardias, según recordó uno de los reos que luego tuvo que limpiar el baño con restos de piel al Miami Herald, diario que investigó durante meses los hechos.
A comienzos de este año, cuando Julie Jones asumió la jefatura del DOC, se encontró con un sistema que enfrentaba investigaciones estatales y federales, reportes de encubrimiento de muertes y denuncias de represalias contra funcionarios que denunciaron irregularidades.
Entre ellos, George Mallinckrodt, un psicoterapeuta que fue despedido de DOC tras denunciar que los reos enfermos mentales eran «atormentados, golpeados y torturados», tal y como reflejó en un libro en el que denuncia como «asesinato» la muerte de Rainey.
Mallinckrodt, quien ahora es un activista por los derechos de los presos, dijo a Efe que no es suficiente el arresto de «algunos oficiales de bajo nivel» y cuestionó que han pasado casi tres años desde la muerte de Rainey y aún no hay arrestos ni informe forense.
Según datos oficiales, la población carcelaria con enfermedades mentales en Florida ha crecido de forma desproporcionada de 6.800 reos en 2000 a unos 18.000 en 2014.
Jones es la primera mujer en el estado en asumir el cuidado de al menos 100.000 reos en 56 prisiones estatales y de supervisar a casi 21.000 empleados, la mayoría de ellos oficiales de correccionales y de libertad condicional.
La funcionaria, quien reconoció que hay «escepticismo» sobre el papel del Gobierno para superar los problemas carcelarios, manifestó que la orden ejecutiva es una forma «oficial» de asegurar que sí van a hacer seguimiento.
Según Jones, ha habido «un pequeño número de personas» que han empañado la totalidad del sistema carcelario.
Sin embargo, ACLU criticó que «la única manera de arreglar la cultura tóxica que existe en el DOC es que las personas sean responsables por sus acciones, que haya cargos criminales como consecuencia del comportamiento criminal».
El paquete presentado por el gobernador de Florida incluye varias medidas sugeridas por Jones, quien ya había delineado un plan para su primer año.
A partir de ahora, cualquier trabajador que emplee la fuerza física sobre un prisionero deberá firmar bajo juramento un informe independiente en el que detalle lo acontecido en el plazo de un día.
El DOC además proporcionará capacitación adicional para las investigaciones de abuso sexual en confinamiento y rastreará el uso de agentes químicos a través de una nueva política de inventarios.
Medidas similares, y otras para castigar la brutalidad oficial, fueron discutidas en sendos proyectos de ley que fracasaron en la Legislatura, que por primera vez en la historia reciente terminó sus sesiones ordinarias sin siquiera aprobar el presupuesto estatal, que vence el próximo 1 de julio.
Ambas cámaras enfrentaron arduas discusiones en las que se denunció la muerte de 109 reos bajo custodia del DOC en el último año, varias de ellas bajo investigación.
«La acción ejecutiva es un primer paso importante, pero sólo es una implementación parcial de un proyecto de ley que era también en sí mismo una solución parcial a los problemas carcelarios de la Florida», expresó González.
Para Mallinckrodt, la «orden ejecutiva hace poco para abordar un problema que es cultural y no tiene intención de crear una comisión de supervisión independiente».
Fuente: DC| MiamiDiario