Ni “precio justo”, ni en bolívares. Las ensambladoras de vehículos venderán carros en dólares en su red de concesionarios como fórmula para obtener divisas y superar la semiparalización que atraviesan desde el año pasado.
En marzo Ford Motor y el Gobierno nacional sellaron el acuerdo. En esa oportunidad el Vicepresidente para el Área Económica, Rodolfo Marco Torres, informó que se trataba de una “alianza estratégica” para mantener la producción.
Los concesionarios depositan los dólares a la ensambladora, equivalentes a los carros que desean vender; con esos dólares la planta comprará a la casa matriz el material de ensamblaje y lo traerá al país; luego la ensambladora arma los carros y los despacha a los concesionarios. Finalmente, en esos establecimientos venderán los vehículos en dólares a los consumidores para recuperar la inversión.
De acuerdo a la planificación de la empresa, la producción bajo este esquema podría arrancar entre julio y agosto, tal y como se desprendió luego de que el presidente de la compañía se reuniera con el ministro de Industrias el pasado martes.
“El presidente de Ford Motor de Venezuela, Héctor Pérez, expuso en la reunión las condiciones en que se encuentra la planta ensambladora, ubicada en el estado Carabobo, e informó que se prevé que entre julio y agosto se logre reactivar su producción de manera normal”, reseñó la agencia estatal AVN.
Ni las autoridades, ni la empresa han explicado los detalles del acuerdo, pero se espera que en las próximas semanas salga la información. Fuentes cercanas a la empresa explicaron que alguno de los modelos de la marca se seguirá vendiendo en bolívares y en ese caso los costos asociados a la producción serán financiados por la ensambladora.
En la industria automotriz aseguran que Ford no será la única empresa que aplique ese esquema ante la negativa del Gobierno de cancelar la deuda que tiene con el sector y el freno a las nuevas asignaciones de dólares.
“Es una alternativa para no pararse definitivamente”, resume una de las fuentes consultadas. Al menos otras dos ensambladoras han avanzado en las conversaciones con el Gobierno nacional para sellar el acuerdo y sólo resta aclarar dudas en materia legal, fiscal y aspectos operativos.
Los indicios sobre una posible “dolarización” de la industria automotriz surgieron a comienzos de año. En enero el Ejecutivo nacional manifestó a directivos de las ensambladoras que no había disponibilidad de divisas y que debían proponer alternativas para evitar el cierre de las plantas y el despido de los trabajadores.
En febrero de este año Toyota de Venezuela propuso al Gobierno la posibilidad de exportar carros como mecanismo de supervivencia. “Sí, estamos evaluando la exportación para un tema de sobrevivencia”, declaró Ignacio Mayz, gerente general de mercadeo y ventas de la compañía. La empresa planteó a las autoridades importar material de ensamblaje “libre de impuesto”, usarlo para armar carros que sólo se venderían al exterior y con esos dólares mantener la operación de la planta en Cumaná. Pero las autoridades no respondieron a la propuesta.
Desde finales de 2013 los directivos de las ensambladoras advirtieron al Ejecutivo nacional la crisis que se avecinaba, pero las autoridades desoyeron los llamados de alerta.
El Gobierno adeuda a las siete ensambladoras instaladas en el país alrededor de 2 mil millones de dólares por importaciones no liquidadas y las casas matrices se niegan a despachar material de ensamblaje sin que se honre esa deuda. Por tal motivo, el año pasado las empresas sólo recibieron divisas a través del Sicad, ya que es un mecanismo de “pago a la vista” que evitaba el incremento de la deuda. Sin embargo, las liquidaciones fueron mínimas y la producción del año pasado fue la más baja desde 1962.
De acuerdo a los datos de la Memoria y Cuenta del ministerio de Economía, Finanzas y Banca Pública, el año pasado al sector apenas le liquidaron 264 millones de dólares, un 78,8% menos que lo liquidado en 2013. La cantidad ni siquiera representó el 10% de la demanda anual de las ensambladoras, estimada entre 3 mil y 4 mil millones de dólares.
Lejos de entender la crisis de la industria automotriz, el Gobierno apostó por más restricción contra las automotrices. Diputados del Psuv promovieron desde la Asamblea Nacional una Ley para regular los precios de los carros. Aunque el texto fue sancionado, nunca se promulgó. Sin embargo, a finales de 2013, en el marco del “Dakazo”, Nicolás Maduro emitió un decreto presidencial que establecía el marco legal para fijar los precios de los autos. Hoy, ante el agravamiento de la crisis de las ensambladoras y el riesgo de que se pierdan miles de empleo, la solución a la mano es la “dolarización” de la industria.
Venezuela se ha convertido en un problema para las multinacionales del motor. Varias compañías han “desconsolidado” la operación venezolana de sus estados financieros y desde las casas matrices han expresado preocupación. “Al no tener capacidad de obtener dólares en el corto plazo, lo que creemos será poco plausible, la producción actual de vehículos probablemente cesará en julio de 2015″, expresó la semana pasada General Motors en un informe presentando ante la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos.
DC | Runrun.es