La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia anunció hoy que abrió una investigación en contra de General Motors Colmotores y seis de sus directivos por la presunta restricción a la libre competencia al impedir la entrada y expansión de otras marcas de vehículos en el país.
La entidad indicó en un comunicado que la presunta infracción se produjo por haber «incurrido en una práctica anticompetitiva al impedir que sus concesionarios o los inversionistas de los mismos constituyeran otras sociedades o establecimientos de comercio independientes para comercializar marcas diferentes a Chevrolet».
«La práctica anticompetitiva habría tenido por objeto y como efecto impedir la entrada o la expansión de la participación en el mercado colombiano de otras marcas competidoras», puntualizó la Superintendencia, encargada de proteger los derechos de los consumidores, la libre competencia y que actúa como autoridad de propiedad industrial en el país.
El superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Germán Bacca, que formuló el pliego de cargos contra la empresa, indicó en una resolución que la conducta de GM Colmotores implicaría una violación a la ley «que prohíbe toda práctica, procedimiento o sistema tendiente a restringir o limitar la libre competencia económica».
Entre las pruebas recaudadas por la Superintendencia figuran contratos, declaraciones y correos electrónicos en los que consta la restricción impuesta por GM Colmotores para vender marcas de carros distintas a Chevrolet.
También hay «documentos que demostrarían la terminación de contratos por parte de General Motors Colmotores a concesionarios que crearon empresas para comercializar otras marcas de vehículos».
La investigación incluye a seis funcionarios y exfuncionarios de GM porque presuntamente «colaboraron, facilitaron, autorizaron, ejecutaron o toleraron la conducta anticompetitiva».
De llegar a demostrarse la responsabilidad de GM Colmotores, la autoridad competente puede imponer multas por cada infracción hasta por 100.000 salarios mínimos legales mensuales, lo que equivale a 64.400 millones de pesos (unos 25 millones de dólares).
Para las personas naturales las sanciones serían hasta por 2.000 salarios mínimos legales mensuales, unos 1.288 millones de pesos (506.000 dólares).
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