Ayer en la madrugada la puerta de la casa de Mailín fue derribada por funcionarios de organismos de seguridad. A las 5:00 de la mañana la obligaron a salir con sus hijos y con su madre, y le notificaron que no podría vivir más en el sitio. El procedimiento se repitió en casi todas las viviendas que fueron levantadas de manera ilegal en el terreno posterior del Hospital de los Magallanes de Catia.
La Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía de Caracas y organismos como Protección Civil y los Consejos de Protección de Menores del Distrito Capital participaron en el operativo. El hospital estaba tomado completamente y el acceso fue restringido.
“Tocaban como locos. A mi mamá la apuntaron con una pistola y le decían que si fueran malandros sí les abríamos la puerta rápido. Nosotros tenemos seis años viviendo aquí y ahora nos dicen que nos tenemos que ir, pero no nos dicen a dónde”, dijo Mailín.
El martes en la noche desde el hospital se observaba movimiento de funcionarios de seguridad. Aunque el operativo parecía responder a las medidas anunciadas por Henry Ventura, ministro de Salud, orientadas al tema de la delincuencia y a las invasiones que entorpecían el acceso a los servicios del Hospital de Los Magallanes, entre los vecinos se manejaba la versión que la policía comenzó el desalojo luego de que un vecino le cortó la cara a un funcionario.
Ayer al mediodía las autoridades aún no tenían el censo de las familias que estaban viviendo en el lugar. El más reciente que se hizo, en noviembre de 2013, registró a 1.304 personas en 311 viviendas, informó Eloy Bustamante, presidente de la Asociación de Médicos Residentes del centro de salud. Desde entonces el barrio ha crecido.
Sin rumbo claro. Algunos vecinos decían que la orden que les dio la policía fue sacar sus cosas e irse a otro sitio. A María, hermana de un hombre que vivía en el lugar, le dijeron que serían trasladados a un refugio en Fuerte Tiuna en el que esperarían la asignación de una vivienda.
“Esta mañana la gente lloraba. Nos bajaron como si fuéramos presos, con las manos en la nuca. Nos cortaron la luz y el agua. A mi tía le robaron una cámara digital. ¿Cómo nos van a quitar la casa si no nos han dado otra?”, decía Johana Rangel, quien también vivía en el lugar.
Heidi y Josefina esperaban noticias de sus familiares que estaban temprano en el terreno. Desde la Emergencia del hospital pedían a los funcionarios que les dijeran, por lo menos, si se encontraban bien. “No nos dejan pasar ni porque somos familiares”, denunció Josefina.
La presencia de los medios de comunicación estaba prohibida en el lugar y por lo tanto las autoridades no dieron declaraciones. Sin embargo, en el Twitter de la Oficina de Comunicación del Distrito Capital informaron que Corposervicios apoyaría en “el traslado de los bienes de los ciudadanos desalojados”, sin indicar a qué sitio, y que además se estaban drenando las aguas servidas y recolectando los escombros.
El Dato
Pablo Zambrano, del Sindicato de Hospitales y Clínicas de Caracas, exigió al ministro Henry Ventura que designe nuevas autoridades para el HUC. Hace nueve meses José España se desligó de la Dirección del centro de salud y volvió al cargo con el argumento que su renuncia no había sido aceptada. “No puede ser que un hombre dirija un ente público desde una clínica privada; eso es corrupción”. Zambrano pidió que solucionen el problema de la falta de insumos, medicinas y equipamiento.
Fuente: DC|EN