La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, Gladys Gutiérrez, reiteró este domingo que el expresidente del Gobierno español Felipe González no podrá sumarse a la defensa de los opositores presos en el país, porque él no puede ejercer como abogado en Venezuela.
«No podrá ejercer como profesional del Derecho en una causa penal dentro del territorio nacional, ya que se vulneraría la Ley de Abogados y la certificación de título profesional que exige la Carta Magna para ejercer dicha profesión en nuestro país», señala un comunicado del TSJ con declaraciones atribuidas a Gutiérrez.
El expresidente español llegó esta mañana a Caracas con la intención de incorporarse, en calidad de «asesor técnico externo», al equipo legal que se encarga de defender a los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma.
El abogado que encabeza el equipo legal de López, Juan Carlos Gutiérrez, dijo que la defensa apeló la decisión sobre González y que, si no como defensor, el político y abogado español tiene «plenas facultades de asistir a la sesión como público».
La próxima audiencia de juicio del opositor, encarcelado hace más de un año, se celebrará el próximo 10 de junio.
La magistrada además rechazó la supuesta injerencia en asuntos judiciales internos luego de que el Gobierno de EE UU manifestara su preocupación por la salud de los opositores López y Daniel Ceballos, que comenzaron una huelga de hambre.
«Estas prácticas inadmisibles en nada desviarán el curso de la justicia venezolana en su ineludible misión de cumplir y hacer cumplir, en el ámbito de sus competencias, la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela», dijo la magistrada citada en un comunicado difundido por el órgano judicial.
La máxima autoridad del Poder Judicial venezolano exigió «respeto a las decisiones soberanas emanadas de las instituciones que conforman el Poder Público venezolano», señala la comunicación.
La magistrada aclaró que López y Ceballos «no son prisioneros políticos, sino procesados judiciales por la presunta comisión de delitos tipificados en el ordenamiento jurídico venezolano, cuya responsabilidad o no, será determinada por los tribunales penales que conocen sus respectivas causas».
A estos privados de libertad se les «han respetado las garantías y los derechos humanos (…), entre ellos el derecho a la defensa y al debido proceso, premisa que siempre ha sido garantizada a todo ciudadano o ciudadana a quien se le siga un proceso judicial en el territorio nacional», expresó.
DC – EN