Las autoridades brasileñas investigan la supuesta participación de empresarios del país en una red de tráfico de drogas que enviaba cocaína producida en Colombia hacia México, a través de Venezuela y Honduras, al parecer mediante sobornos a militares y policías, informó hoy el diario O Estado de Sao Paulo.
Según el periódico, los empresarios brasileños presuntamente dirigían las operaciones, obtenían las drogas con miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las trasladaban hacia México en aviones que partían de Venezuela y pasaban por Honduras, países en los que sobornaban a responsables del tráfico aéreo.
En México, la droga era recibida por el cartel de Sinaloa y la banda Los Zetas, dos de los más violentos grupos de narcotráfico de ese país.
«Por cada vuelo pagaban hasta 400 mil dólares a militares de Venezuela» que permitían las operaciones, dice O Estado sobre la base de documentos oficiales que obtuvo con la Policía Federal brasileña.
Los empresarios brasileños, según O Estado, fueron identificados como Paulo Flores, Ronald Roland y Manoel Gonsalez, quienes han sido detenidos y acusados de narcotráfico, pero han alegado inocencia.
O Estado indica que la droga llegaba a Venezuela desde Colombia y los aviones de los empresarios brasileños la recogían y trasladaban a México con la complicidad de funcionarios venezolanos que eran sobornados y previamente informados sobre cada vuelo.
«Las aeronaves aterrizaban en Aparte, un pueblo del estado de Zulia, cerca de la base militar de Maracaibo» y «al menos una vez los narcotraficantes pagaron una comisión extra de 100 mil dólares para guardar un avión en un hangar del Ejército venezolano», afirma el periódico.
En el caso de Honduras, O Estado dice que los narcotraficantes sobornaban a policías, que recibían hasta 200 mil dólares por vuelo para permitir el paso de los aviones.
O Estado agrega que, en el marco de las investigaciones, que son realizadas bajo secreto judicial, la Policía Federal brasileña ha realizado varias operaciones esta semana, en las que se incautó de propiedades y otros bienes de los supuestos narcotraficantes.
DC | EFE