Elisa sabe que no hay vuelta atrás, que en unas semanas tendrá que hacer las maletas y alquilarse una nueva casa, pero a las afueras de la ciudad. El Casco Antiguo de Panamá se ha puesto de moda entre la burguesía latinoamericana y europea, y los precios se han disparado.
“Este ya no es un sitio para personas humildes como nosotros. Solo quieren gente de alto standing”, dice visiblemente enojada mientras hace un recorrido por el edificio donde vive desde hace más de 60 años y donde residen quince familias panameñas más.
Se trata de una casona colonial de estilo francés, desvencijada y enmohecida y sin acceso a agua potable, que se sitúa en una bocacalle de la reformada Plaza de la Catedral y a dos pasos del Palacio de las Garzas, donde están las oficinas presidenciales.
Paga 45 dólares al mes por un minúsculo piso de 20 metros cuadros que comparte con su hermana: un pequeño habitáculo lleno de bártulos que hace de sala de estar, una austera cocina sin electrodomésticos y una cama de apenas 80 centímetros para las dos. Los baños están fuera de la casa y son compartidos.
“No nos negamos a salir. Sabemos que es una propiedad privada. Simplemente pedimos que respeten a los que llevamos viviendo aquí toda la vida y que no nos echen como a perros”, insiste.
El edifico acaba de ser comprado por un inversor latinoamericano que quiere remodelarlo y hacer pisos de lujo y que, sin respetar los plazos establecidos, les ha dicho que tienen 20 días para irse.
Según la Ley 136, aprobada por el expresidente Ricardo Martinelli al final de su mandato (2009-2014), los inquilinos tienen un plazo de seis meses para abandonar sus casas y derecho a una indemnización siempre que lleven viviendo allí desde 2008, que conserven los contratos de alquiler y que paguen menos de 75 dólares al mes.
El problema es que no todos los propietarios cumplen y los vecinos lamentan que las instituciones, por desgracia, suelen hacer oídos sordos a sus reclamos.
El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial es el encargado de reubicar y ofrecer soluciones residenciales a las familias, pero estas se quejan de que nunca reciben nada.
El caso de Carlos, al que todos en el barrio conocen como “Yeyo”, es todavía más duro que el de Elisa porque, además de su casa, tiene que abandonar también la sastrería que regenta desde hace 20 años. Por eso tiene una fecha marcada en rojo en el calendario: septiembre de 2016.
“Todo empezó cuando (el Casco Viejo) fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1997. Entonces empezaron los desalojos masivos”, explica Adan Cerrud, el secretario general de la Asociación de Moradores de San Felipe.
En los años 90 estaban censados en el casco cerca de 16.000 personas. Hoy no suman ni 1.000. El conjunto colonial se construyó en el siglo XVII y, tras una época de esplendor, cayó en el olvido a principios del siglo XX. Muchos ciudadanos humildes decidieron entonces trasladarse a las antiguas casonas por unos alquileres irrisorios.
La declaración de la Unesco revalorizó estrepitosamente la zona e hizo que centenares de inversores volvieran a poner sus ojos en Panamá.
“Es un casco antiguo sin vida local, solo hay extranjeros”, denuncia este líder vecinal, que de momento no tiene que irse, pero es consciente de que la orden de desalojo llegará tarde o temprano.
Por las adoquinadas calles del conjunto histórico, llenas de restaurantes modernos y hoteles con encanto, pasean día y noche turistas con la cámara de fotos en la mano. De vez en cuando, se intercala algún que otro local.
“Es unos de los cascos más intactos y más chic de América Latina”, comenta Ghassan Almaaz, un empresario sirio, conocedor del sector, que lleva más de una década en Panamá y que es dueño de cuatro casonas coloniales que están en plena fase de remodelación.
Almaaz confiesa que ha pagado las indemnizaciones correspondientes, pero reconoce que no siempre es así.
“La comunidad hebrea está revolucionada con la explosión del Casco Viejo. Hay un grupo inmobiliario judío que en menos de un año ha comprado 32 propiedades”, afirma Almaaz.
Hace unos años el empresario sirio pagó por el metro cuadrado 400 dólares. Ahora, según dice, el metro cuadrado sin restaurar se vende entre 2.000 y 3.000 dólares. La Ley 136 estableció también ciertos incentivos fiscales y créditos blandos para los inversores.
DC | EFE