La fiscal general de Florida, Pam Bondi, ha solicitado a la máxima instancia judicial del estado que autorice la ejecución de un reo condenado a muerte tras el fallo emitido por la Corte Suprema federal que avala el uso de un polémico sedante en inyecciones letales.
Bondi pidió este lunes al Supremo de Florida que levante la suspensión de la ejecución de Jerry Correll, cuya muerte por inyección letal fue detenida a la espera de la decisión de la Corte Suprema.
Asimismo, la fiscal general indicó en un comunicado que el Supremo federal debería permitir al estado de Florida continuar con los procedimientos para fijar futuras fechas de ejecución, recogió hoy el diario The Daytona Beach News-Journal.
La decisión del Supremo de EU supone un respiro para los defensores de la pena de muerte, pero abre un debate a largo plazo sobre la constitucionalidad de este castigo.
Aunque el fallo del Supremo autoriza el uso del sedante midazolam a todos los estados, en la práctica tan solo Oklahoma y Florida, dos de los estados más activos con la pena de muerte, quieren retomar de inmediato las ejecuciones.
En Florida había quedado en suspenso la ejecución del reo Jerry Correl, condenado a muerte en 1986 por el asesinato de su exesposa, su hija, de 5 años, su exsuegra y la hermana de su exmujer.
La ejecución de Correll, de 60 años, estaba fijada para el 26 de febrero pasado en la prisión estatal de Florida, en la localidad de Raiford, pero fue suspendida.
Sería la segunda pena de muerte en Florida en 2015, después de que fuera ejecutado en Starke el preso Johny Shane Kormody, condenado por matar a un banquero en 1993.
Florida restableció la pena capital en 1979. Desde entonces han sido ejecutados 90 presos, 21 de ellos con el republicano Rick Scott como gobernador del estado, el mismo número que bajo el mandato del exgobernador Jeb Bush (1999-2007).
DC | EFE