Lumay Barreto: “Me instalaré en Caracas para defender la voluntad del pueblo”
La alcaldesa del municipio José Antonio Páez (estado Apure), Lumay Barreto, asegura haber sido víctima de un “golpe de estado” al ser destituida de su cargo. El martes 2 de mayo de 2015 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia de en la que se le acusa de haber abandonado su cargo. El documento, que aún no llega a sus manos, ordena el desalojo del despacho y el traspaso de la gerencia local al presidente del Concejo Municipal por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Víctor Blanco.
Durante la tarde del miércoles 3 de junio de 2015 el alcalde del municipio El Hatillo, estado Miranda, denunció que sujetos armados vinculados con las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) amenazan con tomar la alcaldía encabezada por Barreto.
#UltimaHora Grupos armados del #FBL amenazan con tomar la Alcaldía del municipio Páez, Apure, desconociendo a la alcaldesa @LumayBarreto
— David Smolansky (@dsmolansky) junio 3, 2015
¿Ausencia o cacería?
El “abandono del cargo” se traduce en una ausencia de seis días. Barreto detalló, en conversación con Runrun.es, su itinerario de aquel momento. El 19 de febrero de 2015 se trasladó a Caracas para participar en una reunión convocada por la Asociación de Alcaldes, en rechazo a la detención del Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma; el 20 de febrero se trasladó a San Cristóbal, estado Táchira. Los días 21, 22 y 23, asegura, estuvo en Barquisimeto atendiendo asuntos médicos con su hijo. Finalmente, pasó la jornada del 23 viajando hacia Guasdualito.
El 27 de febrero de 2015 los cuatro titulares del Concejo Municipal emitieron un documento en el que solicitaban al TSJ su destitución, tomando como argumento su ausencia. “Ellos hicieron un acta, es un acta forjada en la que ponen un montón de días. Ese fue el único documento que recibió el TSJ. No han aceptado ni las facturas de la clínica de mi hijo, ni el documento firmado por la Asociación de Alcaldes, ni nada”, reclamó Barreto.
La alcaldesa admitió que son contadas las opciones que tiene para defender la decisión de los electores apureños. “No acatar una orden del TSJ significa encarcelamiento”, señaló. Barreto aseguró que, en el momento en que la sentencia del máximo tribunal del país llegue a sus manos, procederá a “instalarse” en Caracas para “defender la voluntad del pueblo”.
Lumay Delfina Barreto del Orbe, integrante del partido opositor Voluntad Popular, fue electa el 8 de diciembre de 2013 por la preferencia de 37,78% de los votantes (11.006 personas). Dulce Useche, la abanderada del PSUV, obtuvo 10.049 votos en la contienda.
¿Qué dice la ley?
A pesar de que la Ley del Poder Público Municipal, en su artículo 87, establece que los alcaldes y gobernadores pueden ausentarse hasta por 14 días sin solicitar permiso, Barreto asegura que notificó informalmente a los miembros de su despacho sobre las razones de su viaje.
Para la mandataria, su destitución es una “retaliación por el éxito de la marcha del sábado 30 de mayo”. “Esto da vergüenza. Este Gobierno es una dictadura. Todos los poderes están presos del PSUV”, dijo.
En este video puede verse la sesión del Concejo Municipal de la localidad apureña, en la que se toma la decisión en contra de Barreto. En la reunión se establece la acusación contra la alcaldesa, sin mayores especificaciones.
Los habitantes de Guasdualito están “muy molestos” y “han tenido enfrentamientos”, mientras partidarios del PSUV recorren la localidad en motos, según Barreto. La alcaldesa aseguró que sus electores le han manifestado su temor a que “vuelvan los paramilitares” a la zona. “Esto antes, hace pocos años, era horrible. Cobraban vacuna a los comerciantes, a las familias. Nosotros hemos logrado parar eso”, señaló.
El antecedente más cercano del debate sobre la destitución de un funcionario público por ausencia física fue el del presidente de la República, Hugo Chávez. El primer mandatario se ausentó de su cargo durante tres meses continuos por motivos de salud. Tanto la Asamblea Nacional, como el Tribunal Supremo de Justicia otorgaron los permisos respectivos y se negaron a declarar al funcionario en ausencia absoluta, a pesar de que faltó al compromiso constitucional de juramentarse el 10 de enero de 2013. La Sala Constitucional del máximo tribunal acuñó el concepto de “continuidad administrativa” para justificar la falta.
DC | Runrun.es