El vicepresidente de la Cámara de Representantes de Colombia, Efraín Torres, pidió hoy a la Cancillería investigar si es cierto que los máximos jefes de las FARC recibieron nacionalidad o asilo político en Nicaragua.
«La Cancillería debe confirmar esta información con el Gobierno de Nicaragua» porque con esa maniobra «las FARC podrían hacerle el quite a la Justicia y este sería un hecho grave frente al proceso de paz», dijo el parlamentario en un comunicado.
Según publicó la edición América del portal financiero español El Economista, los máximos jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) «ya tendrían nacionalidad o asilo nicaragüense» desde hace tres meses.
En el comunicado, el parlamentario del oficialista Partido de la Unidad Nacional recuerda que Nicaragua no acoge las normas de la Corte Penal Internacional y del Estatuto de Roma, lo que «es sumamente grave» pues por esta vía las FARC podrían «evadir a la Justicia».
Torres agregó que «no es un hecho menor» que los jefes de las FARC «busquen esconderse en otros países» y más teniendo en cuenta que Nicaragua no tiene tratado de extradición con Estados Unidos por narcotráfico.
«De ser cierta esta información, las FARC están traicionando la buena fe de todos los colombianos», apostilló el congresista.
El delegado del portal en Colombia, Francisco Rodríguez, señaló a Caracol Radio que la información proviene de «fuentes oficiales» pero está a la espera de ser confirmada por el Gobierno de Daniel Ortega.
Los jefes que según el portal podrían recibir beneficios de Nicaragua son el número uno de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias «Timochenko»; Luciano Marín Arango, alias «Iván Márquez»; Jorge Torres Victoria, alias «Pablo Catatumbo»; Milton de Jesús Toncel Redondo, alias «Joaquín Gómez», y Félix Antonio Muñoz Lascarro, alias «Pastor Alape».
Por su parte, el expresidente y senador Álvaro Uribe, opositor del presidente Juan Manuel Santos, señaló a través de su cuenta de Twitter que está de acuerdo en que el Gobierno «entregue los terroristas a Nicaragua. Pero no se puede entregar un milímetro del mar de San Andrés».
En un fallo emitido el 19 de noviembre de 2012, la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, dictaminó que Colombia debía ceder a Nicaragua una porción de mar al este del meridiano 82, que según el país suramericano es de 75.000 kilómetros cuadrados y según el centroamericano, de 90.000.
El Gobierno colombiano sostiene desde entonces que dicho fallo es «inaplicable» porque los límites del país sólo pueden ser modificados mediante tratados internacionales aprobados por el Congreso, lo que no ha sucedido en este caso.
DC | EFE