La defensa de María Corina Machado aseguró que la inhabilitación de la diputada no impide su postulación a las elecciones parlamentarias a efectuarse el próximo 6 de diciembre.
Tomás Arias, integrante de la defensa de Machado, indicó que agotarán todos los recursos necesarios (dentro y fuera del país) para que la medida dictada por la Contraloría General de la República, que aseguran, no es definitiva, afecte los derechos políticos de la parlamentaría.
En ese sentido, infirmó que es hasta el próximo 5 de agosto pueden ejercer el recurso de reconsideración ante la contraloría, «Una vez que transcurra este lapso de 15 días hábiles, la Contraloría tiene 45 días para responder. Lo siguiente es un lapso de 180 días para impugnar la decisión contra María Corina Machado ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)», explicó Arias.
Además, detalló que la Contraloría no tiene potestad para inhabilitar políticamente a ningún ciudadano, y como la sanción es administrativa, Machado puede postularse sin inconvenientes.
Por su parte, el abogado Enrique Sánchez Falcón indicó que a María Corina Machado no se le inhabilitó porque no presentó su declaración jurada de patrimonio, sino por una «grosera manipulación de una respuesta que dio a un cuestionario que formuló la Contraloría, en el proceso de verificación de su declaración jurada».
El abogado José Amalio Graterol también intervino en la rueda de prensa para destacar que la Contraloría de la República se inhabilita a sí misma cuando inhabilita a dirigentes como María Corina Machado.
«La Contraloría lucha políticamente para tratar de evitar que personas como Machado sean nuevamente diputados, aunque no tiene facultad para hacerlo», dijo.
Graterol citó los artículos 68 y 69 de la Ley Contra la Corrupción para explicar que la Contraloría perjudica electoralmente a algunos opositores. Sumó que no conoce a otra persona en Venezuela que haya recibido tantos ataques y a la que hayan hurgado de esta manera entre sus bienes, como Machado.
El artículo 69 de la Ley Contra la Corrupción reza lo siguiente: «El funcionario público que abusando de sus funciones, ordene o ejecute en daño de alguna persona un acto arbitrario que no esté especialmente previsto como delito o falta por una disposición de la ley, será castigado con prisión de seis (6) meses a dos (2) años; y si obra por un interés privado, la pena se aumentará en una sexta (1/6) parte».
A juicio de Graterol, este artículo confirma que es el Contralor quien comete un delito al inhabilitar políticamente a la parlamentaria.
«El CNE no puede evitar postulación de María Corina Machado. Si el CNE busca impedir postulación de la diputada, también incurría en delitos de corrupción», apuntó Graterol.
DC | NP