La protesta durará miércoles, jueves y viernes en cinco estados del país y luego evaluarán su efecto, para tomar la decisión de continuar por 72 horas más.
En vista de que el Ministerio del Trabajo no ordenó que se discutiera la contratación colectiva y la Dirección Ejecutiva de la Magistratura continúa con la negativa de sentarse a definir el contrato marco de los trabajadores tribunalicios, éstos comenzarán una huelga como medida de protesta el día 22 de julio por 72 horas.
La protesta durará miércoles, jueves y viernes en cinco estados del país y luego evaluarán su efecto, para tomar la decisión de continuar por 72 horas más, y con otros estados incorporándose, hasta obtener una respuesta favorable a sus peticiones de discutir sus cláusulas contractuales que tienen 8 años vencidas.
Edgar Romero, Secretario de Organización Nacional del Sindicato Nacional de trabajadores Tribunalicios (SINTRAT), indicó que el contrato amparará a 30 mil trabajadores de forma directa y a más de 76 mil incluyendo al grupo familiar de los trabajadores.
“La Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) acaba de anunciar un aumento salarial del 30% y otras mejoras que les están ofreciendo a los trabajadores, pero entendemos que los mismos no cubren las necesidades reales y, nuevamente, exigimos de manera pacífica y reiterada al Ministerio del Trabajo y a la DEM que la misión debe ser tratar el tema para solventarlo, la Defensa Pública ha mejorado paulatinamente los beneficios, el Ministerio Público igualmente, el único que se ha quedado en el desfase es el Poder Judicial”, manifestó Romero.
Uno de los beneficios que tiene el viejo contrato vencido es un “bono escolar” para los hijos de los trabajadores, el cual es de 100 bolívares anual. Según Edgar Romero, la DEM ofreció mejorarlo hasta 2.800 bolívares.
“Todavía no se ha cumplido, nosotros decimos que sigue siendo baja. 2.000 bolívares vale una caja de creyones ahorita. La inflación producto de la guerra económica, los trabajadores tribunalicios no escapan de ello”, dijo el sindicalista.
El dirigente gremial afirmó que un asistente de tribunales gana alrededor de 7.000 bolívares, dependiendo la antigüedad del trabajador. El cesta ticket es de 2.100 bolívares (21 tickets). La beca para un estudiante, hijo de un trabajador de la justicia, es de 17 bolívares mensuales.
Un Alguacil con 50 notificaciones diarias para entregarlas a las partes de un proceso penal, cuenta con un bono de transporte para movilizarse a entregarlas de 18 bolívares mensuales.
El HCM tendría una cobertura de 120 mil bolívares y aseguran que no los aceptan en ninguna clínica, donde les dicen que la DEM está en deuda con los centros asistenciales, razón por la cual se niegan a recibirlos.
“Estamos preocupados por los jubilados porque cuando te dan una orden para medicamentos es de 700 bolívares cuando, un solo antibiótico te vale 1.500 Bolívares”, concluyó Romero.
“Queremos tener el mismo trato que los del TSJ, que si pagan sus deudas y los reciben en las clínicas”, dijo Edgar Romero.
“Tenemos un Poder Judicial en emergencia, los trabajadores con lo que ganan no les alcanza para comer, y lo que más nos preocupa es que el empleador nuestro que es la DEM y el Ministerio del trabajo están en una situación sesgada sobre el hecho de que la organización sindical está en mora electoral. Pero no ven la realidad de nuestros hijos y familias, no se preocupan por mejorar ellos mismos esa situación, nosotros no vemos otra solución que no sea discutir el contrato colectivo”, aseveró el Secretario de Organización Nacional de SINTRAT.
Romero aseguró que cuando ellos introdujeron el contrato en la inspectoría para ir a la discusión, el sindicato era legítimo y estaba vigente, por lo que no se puede alegar la mora para no iniciar las conversaciones.
Señaló alarmado que tiene “un promedio de 600 renuncias mensuales, se nos está yendo la gente preparada, que ha hecho su carrera en los tribunales, para la Fiscalía o la Defensa Pública en busca de mejores beneficios. Además no meten a nadie para sustituirlos”.
Ni siquiera los jueces ganan buenos sueldos en los tribunales venezolanos, aseguró el dirigente sindical, quien añadió que “cada juez corre la misma suerte que el resto de los trabajadores. Yo no justificaría que algún trabajador incurriera en un hecho ilegal pero, como le exigimos nosotros moral y ética a nuestro personal si es mal pagado”.
“Fíjate de lo que yo me enteré hoy, que mis compañeros del circuito LOPNA tuvieron que guardar todo hoy en sus computadoras porque no había papel para imprimir. A veces esos mismos trabajadores con esos sueldo, colocan de su bolsillo para comprar el papel, las grapas, lapicero, para poder cumplir con sus labores”, manifestó Romero.
Romero aseguró que, aunque tienen 8 años sin poder discutir el contrato colectivo y ellos han protestado y amenazado con tomar acciones como las que hará el miércoles, no fueron amenazados de forma directa.
Sin embargo, admitió que se han llevado a cabo acciones como las ocurridas este lunes en la sede del Ministerio de Trabajo mientras ellos estaban allí, en las que hubo personas que les tomaban fotos y llamaban por teléfono, mientras vociferaban que vendrían sanciones para los que protestaran.
DC | El Estimulo