José Luis Pirela, dirigente nacional del Movimiento Progresista de Venezuela, conocido como el principal acusador de Manuel Rosales, acudió este martes a la Fiscalía General de la República para consignar un documento a fin de que se investigue la actuación del ex magistrado Eladio Aponte Aponte en la“campaña orquestada en todo el país para perseguir” al presidente fundador del partido Un Nuevo Tiempo.
Pirela explicó que dichas acusaciones y la posterior inhabilitación en contra del ex gobernador del estado Zulia, crearon un peligroso precedente que hoy se repite con una nueva inhabilitación a Rosales y a otros dirigentes opositores del país.
Tras consignar el documento, Pirela recordó que en 2004 solicitó una investigación a Rosales para que aclarara la procedencia de unos bienes en el marco de una maniobra para evitar que el dirigente ganara su reelección.
“El Ministerio Público determinó en ese entonces que, que no había ninguna irregularidad porque dichos bienes no era provenientes de los fondos del tesoro, declarando así un Archivo Fiscal, por considerar que no había sido posible determinar ilícitos penales que comprometieran la responsabilidad de Rosales en los hechos investigados y por consiguiente no precedía la acusación penal contra él”.
José Luis Pirela aseguró que en 2008 nuevamente lo buscaron para denunciar a Rosales y que fue presionado por el ex magistrado Eladio Aponte, a lo cual él se negó. “Todo fue un plan orquestado para liquidar políticamente a Manuel Rosales a través del linchamiento judicial”.
“Aponte Aponte, actuando como un cancerbero del poder me presentó un esquema de falsedades con supuestas pruebas que como en la vez anterior descubrí que eran falsas, acusando a Rosales de delitos que ni siquiera yo conocía, y pretendiendo que yo fuese el vocero de esa nueva denuncia. El montó otra olla, sin pruebas, sin ningún elemento probatorio que pudiera acusarlo. Aunque yo me negué otros sí se prestaron para esta canallada”.
Señaló Pirela, que Manuel Rosales promovió varios medios probatorios tales como testimoniales, libros contables, declaraciones del impuesto sobre la renta al Seniat, elementos todos estos en sustento de sus alegatos de defensa, los cuales no fueron considerados. Dichas pruebas reflejaban los ingresos producto de su actividad privada en el sector agropecuario.
Se puede recordar que la Contraloría concluyó la presunción de un incremento patrimonial el cual asciende para la fecha a la cantidad de 147.390 Bs, que supuestamente no justificó en su declaración jurada de patrimonio.
Pirela subrayó que Aponte Aponte tendrá que dar la cara y que los organismos competentes deberán determinar cuál fue su grado de participación, aunque “a mí me consta que el ex juez fue uno de los mentores, porque conmigo lo intentó y yo lo rechacé. Ese juicio es falso y debe ser anulado, porque todo fue una manipulación”.
“La ciudadana Fiscal General de la República debe asignar un fiscal especial que comience a investigar todo los elementos que estamos planteando en esta denuncia, porque la actuación contra Rosales marca el precedente de todos los juicios irregulares, sanciones e inhabilitaciones que hoy se multiplican por todo el país y constituyen mecanismo perjudicial para el equilibrio político y para la normalidad que Venezuela necesita en la antesala de un proceso electoral”.
Es bueno señalar las declaraciones de José Luis Pirela demuestran que la persecución contra Manuel Rosales se inició en el año 2004 con denuncias infundada que evidencian el matiz político electorero.
DC | NP