¿Con las inhabilitaciones se disminuye la inseguridad, se acaba con la escasez, se genera más empleo y se mejora la deficitaria situación de las finanzas públicas? Por supuesto que no. Ninguno de los problemas que agobian a los venezolanos se resuelve con esa medida política de la cual he sido víctima al igual que María Corina Machado, Enzo Scarano, Daniel Ceballos, César Pérez Vivas y Manuel Rosales.
No hay que ser muy inteligente para entender que las recientes decisiones tomadas por la Contraloría General de la República obedecen a razones políticas, más no de justicia. No hemos cometido irregularidades en el ejercicio de nuestras funciones públicas. Nuestro único delito es pensar distinto al gobierno, es haber dicho desde hace mucho tiempo que el modelo fracasó y haber alertado siempre que nos llevaban a esta crisis.
En Venezuela se pretende acabar con la pluralidad y la diversidad. El Gobierno busca minimizar a la disidencia, generar desmotivación y construir una falsa sensación que están fuertes, que su permanencia en el poder está garantizada y que pueden torcer la ley cada vez que quieran para satisfacer sus aspiraciones, sin importar si con eso acaban con el país.
Estas inhabilitaciones demuestran que el Gobierno está débil y que en medio de su caída quiere castigar a todos aquellos que nos hemos dedicado a hablar con la verdad al pueblo, a quienes nos dedicamos a gobernar teniendo como basamento un modelo de democracia social equitativo, incluyente, eficiente y exitoso.
Con esa inhabilitación no lograrán impedir que siga defendiendo los intereses del pueblo. Jamás impedirán que esté en la calle en esta campaña electoral acompañando a los candidatos de la Unidad para batallar contra el abuso, el uso indiscriminado de los recursos públicos y con las tantas mañas electorales que el PSUV ha creado y desarrollado en todos estos años.
El pueblo quiere un cambio y así lo demuestran los distintos estudios de opinión pública que en promedio arrojan como resultado que más del 80% de la población quiere un cambio. Un cambio de modelo que resuelva sus problemas. Un viraje total que le devuelva al pueblo la posibilidad de progresar, disfrutar de calidad de vida y dedicarse a producir en Venezuela.
A ese deseo de cambio es que le teme el Gobierno. Un anhelo de cambio que se escucha en las conversaciones diarias o se palpa en los rostros de los ciudadanos cansados de las colas, agobiados por la escasez, quebrados por la inflación y desamparados ante la inseguridad. Con inhabilitaciones no van a resolver la crisis de gobernabilidad que hay en Venezuela.
Los venezolanos tenemos un examen pendiente. Pero no se trata de cualquier examen, sino de uno que será clave para comenzar el proceso de recuperación de nuestra Venezuela. Un examen que implica participación. Un examen que implica activismo ciudadano. Un examen que será el 6D.
DC / Abog. Pablo Pérez Alvarez / Ex Gobernador del Zulia / @PabloPerezOf