Una orden administrativa de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria busca llenar los anaqueles vacíos de la red estatal. La medida es parte de la estrategia electoral que busca cerrar la brecha de cara a las elecciones parlamentarias de diciembre. La creación de toda esa burocracia administrativa responde a la idea de garantizar lo que el chavismo llama “la soberanía agroalimentaria” mediante la planificación centralizada de la economía. Economistas de la oposición aseguran que la medida hará que aumenten los precios de los productos.
Apremiado por el descontento de los venezolanos, el gobierno del presidente Nicolás Maduro está tratando de evitar una derrota que le entregue el control del poder legislativo a la oposición el próximo diciembre. La última decisión que busca restaurar la confianza perdida entre el electorado que le ha apoyado proviene de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (SUNAGRO), que ha emitido una orden a las compañías afiliadas a la Cámara Venezolana de la industria de Alimentos (Cavidea) para que destinen un porcentaje de su producción de alimentos básicos a los supermercados del Estado.
En lo sucesivo las presentaciones de leche, arroz, azúcar, pasta, harina panadera, harina precocida de maíz y aceite irán a parar a los vacíos anaqueles de las redes estatales en un porcentaje que, según la orden administrativa, oscila entre 30% y 100%. La medida supone el reforzamiento de los controles de una industria que ya es de las más supervisadas por el gobierno. Desde hace varios años los alimentos básicos no pueden movilizarse por el país sin la autorización del Sistema Integral de Control Agroalimentario (Sica), que vigila y controla mediante la emisión de una guía de movilización dónde se almacenan y hacia dónde se distribuyen. Todos los transportistas deben tener ese documento a mano, que incluye además la ruta que siguen hasta su destino final, para salvar las férreas inspecciones de las autoridades en su camino.
Ese modelo ya ha dado muestras de su agotamiento. El Estado, que cuenta con pocas divisas en efectivo para importar alimentos con el declive de los precios del petróleo, no puede importar los insumos terminados que destina a las redes públicas, y pretende llenar los anaqueles con la producción privada.
Más restricciones
El modelo económico defendido a capa y espada por el presidente Maduro se niega a entregar a la industria de alimentos los dólares necesarios para que cancelen la deuda de 1.400 millones con sus proveedores, que les permitiría producir a plena capacidad.
Es de suponer que en los próximos días habrá menos disponibilidad de alimentos en las cadenas privadas, que son mayoría, y por lo tanto se incrementarán las largas filas frente a los supermercados privados. Cavidea asegura que en la red privada existen 113.859 establecimientos comerciales mientras que la red pública posee por 7.245 locales. Lo que ahora ocurre es lo contrario: largas filas frente a los locales regentados por el Estado y menores aglomeraciones de clientes en los supermercados privados. Pero en una entrevista concedida al diario local 2001 el ministro de Alimentación, Carlos Osorio, negó que la decisión pretenda favorecer a una red sobre otra. A su juicio, se busca una “distribución equilibrada” de los alimentos, de acuerdo con la capacidad y niveles de consumo de las regiones.
Los economistas vinculados con la oposición han asegurado que con esa decisión se van a encarecer aún más los productos. A falta de cifras oficiales que la confirmen, Venezuela está inmersa en un proceso que camina hacia la hiperinflación por la insistencia de Maduro en aferrarse a la hoja de ruta trazada por su antecesor Hugo Chávez en su programa de gobierno llamado Plan de la Patria.
Esta medida supone además un intento por tratar de salvar la desventaja que el oficialismo tiene en las encuestas. El próximo mes de diciembre se elegirán a 165 nuevos diputados y todo hace suponer, si se mantienen las cifras actuales, que por primera vez en 16 años el régimen perderá el control de uno de los poderes públicos.
El economista español Alfredo Serrano, vinculado a Podemos, es el nuevo asesor del presidente Nicolás Maduro en temas económicos. Ese nombramiento confirma la intención de Maduro profundizar el experimento de socialismo real en Venezuela, y de no acudir a los organismos multilaterales en busca de auxilio financiero. El diario El Nacional asegura que Serrano sí cree en el concepto de la «guerra económica» que explica, en la narrativa del chavismo, que la escasez y el desabastecimiento son consecuencia del modo de relacionarse que tiene la clase empresarial con el gobierno.
Para producir en épocas de control de cambio el Estado entrega a los empresarios dólares subsidiados para que importen materia prima o productos que luego ofrecen al detal. Para reponer esa mercancía el empresariado calcula sus costos de reposición a la cotización del mercado negro. La diferencia entre un valor y otro genera ganancias rápidas que ningún otro negocio puede dar.
Fuente: DC|EP