Colombia no cumple plenamente con las normas mínimas para eliminar la trata de personas, un flagelo considerado como la esclavitud del siglo XXI. Así lo indica el informe mundial que presentó hace unas semanas el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, que clasifica a los países de acuerdo a la lucha contra este crimen. Colombia está en el nivel 2, porque no cumple con los estándares mínimos del protocolo de Palermo. Lo mismo ocurre con la mayoría de países de la región, a excepción de Chile, que se ubica en el primero.
EE UU valora los avances “significativos” de Colombia, como la investigación de estos delitos y las campañas de sensibilización. Pero afirma que mujeres y niños continúan siendo traficados para ser explotados sexualmente en América Latina, el Caribe y Asia. A escala nacional hay “altos índices de prostitución infantil en zonas de turismo y alrededor de las grandes industrias, sobre todo en zonas mineras donde hay grupos delictivos organizados”, asegura el informe. También cita que en 2014 se atendieron 176 casos de posibles víctimas que acudieron a una línea de asistencia, cifra que para las organizaciones civiles que trabajan en el tema es mucho mayor.
Estas organizaciones no se sorprenden con los resultados del informe. Tampoco lo fue el año pasado a pesar de que Colombia permaneció por un largo periodo en el nivel 1. “No merecíamos estar en ese nivel [1] y tampoco se ha mejorado entre 2013 y 2014”, afirma Betty Pedraza, fundadora y directora de la Corporación Espacios de Mujer, quien fue premiada durante la entrega del informe como “héroe” en la lucha contra la trata de personas.
Esta mujer, que ha atendido decenas de casos que llegan a su organización en Antioquia, valora que el Gobierno tenga voluntad política y que haya intentado mejorar en el último año, expidiendo un decreto de asistencia y protección a las víctimas. Sin embargo, Pedraza y otras 22 organizaciones piden que dejen de exigirles una denuncia penal. “En muchas ocasiones, hay que elegir entre la vida de las víctimas o la denuncia”, enfatiza.
Así le ocurrió a Marta Reyes, a quien contactaron para que le cocinara a un grupo de obreros que trabajaban en una construcción a las afueras de un municipio al noroeste del país. Pero lo que encontró, luego de un largo viaje, fue un campamento donde se ocultaban hombres armados. Su trabajo, en efecto, fue cocinarles y lavarles la ropa, pero también atenderlos sexualmente. Reyes, cuyo nombre real se omite, quedó incomunicada por tres años hasta que pudo escapar en el 2013. No denunció por temor a las represalias.
El informe también afirma que aunque Colombia continuó con sus esfuerzos en la trata sexual transnacional, debe progresar en la judicialización de redes de traficantes a nivel interno y trabajar por solucionar los problemas que tienen al momento de identificar el tipo de delito, que en ocasiones, no se ve como trata de personas.
Cuando se conoció el informe, la Defensoría del Pueblo dijo que en los últimos cinco años, según los reportes de Naciones Unidas, en Colombia se registró un total de 155 casos de trata de personas. En lo que va corrido de 2015 ya han acompañado a 32 víctimas “lo cual supone que en solo siete meses ya se ha superado el promedio anual de los últimos cinco años”, señala un comunicado. Por eso insisten, como lo hicieron junto a 27 defensores del pueblo que se reunieron a mediados de mayo en Bogotá, que se declare este flagelo como un crimen de lesa humanidad.
El presidente Juan Manuel Santos ha dicho que en el último año fueron desarticuladas nueve organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas. También ha reconocido que en Colombia este crimen “tiene mucho que ver con el conflicto armado, la pobreza y la falta de oportunidades”.
DC|EP