La Dirección General de Ingreso (DIG) del Ministerio de Economía y Finanzas solicitó a la Procuraduría de la Nación investigar a una serie de empresas que se hacen pasar por proveedores del Estado para defraudar al fisco.
La petición fue elevada en una carta que envió el director de la DGI, Publio Cortés, a la procuradora de la Nación, Kenia Porcell el pasado viernes 7 de agosto.
En la misiva, Cortés explica que se han detectado a varias empresas que declaraban fraudulentamente a su favor un crédito del Impuesto de Transferencia de Bienes e Inmuebles (ITBMS), al que tienen derecho las empresas proveedoras del Estado que venden por encima de los $20,000.
Cortés explicó que las entidades que gravan el ITBMS en sus compras de bienes o servicios o construcción de obras superiores a los $20,000 retienen el 50% del impuesto que la empresa debe declarar como un crédito a la hora de pagar el otro 50%.
A diferencia de las compras que realiza el Estado, cuyo monto es menor de $20,000, la ley obliga el pagar total del ITBMS, que es el 7% del monto de la factura. Las empresas deben devolver ese cobro a la DGI.
Es por eso que cuando la factura supera los $20,000, el proveedor cancela sólo el 50% del ITBMS porque el otro 50% fue descontado en la factura.
La DGI detectó que hay empresas que declaraban ese crédito como si le hubiese vendido al Estado, cuando fueron impuestos cobrados a particulares. Cortés dijo que hasta el momento se ha detectado que esta práctica irregular de las empresas ha ocasionado un fraude al fisco que suman $5 millones.
‘Se ha podido verificar que no son proveedores del Estado ni han sufrido retención alguna del ITBMS por alguna entidad estatal’, señala la misiva.
Como resultado de esta práctica se ha provocado un ‘perjuicio para el Estado porque —dependiendo de los casos— se ha reducido o hasta eliminado impuesto a pagar en diversos periodos’, recalca.
En la carta, el director General de Ingresos señala que se podría estar ante la comisión de los delitos contra la fe pública.
El funcionario dijo que la investigación penal que solicitó busca, entre otras cosas, que se determine el monto total del fraude. Además de que continúan con las investigaciones administrativas para detectar más irregularidades, que incluirá si las empresas proveedoras del Estado también han incurrido en malas prácticas para cometer fraude al fisco.