Empleados públicos se quedan sin seguro privado en diciembre (Comunicado)
Los organismos de la administración pública nacional, estadal y municipal que mantengan vigentes contrataciones de seguros de salud con empresas privadas deberán sustituirlas por aseguradoras y servicios de salud públicos antes del 31 de diciembre de 2015, ordenó el Ministerio de Economía y Finanzas en la Gaceta Oficial 40712.
La medida fue ratificada en una circular de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, en la que se indica que la orden es en cumplimiento de la disposición transitoria octava de la Ley de la Actividad Aseguradora, publicada el 29 de julio de 2010.
En el texto se establecía un plazo de cinco años para que los órganos del Estado “promovieran, planificaran, programaran y ejecutaran los procesos de migración de los funcionarios, empleados y obreros bajo su dependencia a las aseguradoras públicas y al Sistema Público Nacional de Salud”.
El reglamento publicado en gaceta también establece que los organismos públicos deberán suministrar la información y documentación necesarias para elaborar y administrar el Registro Único de Beneficiarios de Seguros de Salud. Quedan excluidos de la medida los organismos que al 29 de julio estuvieran bajo la modalidad de autogestión del seguro de salud, agregó la resolución.
Seguros La Previsora, Seguros Horizonte y Seguros Federal son tres de las empresas en manos del Estado que suministrarán las pólizas de salud a partir del año que viene a alrededor de 4 millones de personas, entre empleados y familiares. A esas aseguradoras se suman otras en las que el capital es mixto, pero la mayoría accionaria es del Estado.
Buscan ahorro.
“Con esta medida se consolida la hegemonía aseguradora en el sector público. Era algo que se esperaba, lo que señala es que el gobierno de alguna manera busca hacer ahorros importantes en la prestación de servicios para empleados públicos”, afirmó una fuente cercana al sector asegurador que pidió el anonimato.
Antonio Suárez, presidente de la Federación Nacional Unitaria de Empleados Públicos, dijo que más allá del ahorro que tendría el Estado, lo importante es garantizar que las empresas públicas tengan capacidad para atender a los trabajadores y sus familiares. “No sabemos si van a poder”, dijo.
La fuente que prefirió no ser identificada indicó que las aseguradoras públicas tienen la infraestructura necesaria y agregó que la relación que tienen con los proveedores de salud no es mala. “Hasta mayo de este año las compañías de seguros privados tenían una deuda de 900 millones de bolívares con las clínicas, mientras que las aseguradoras públicas debían cerca de 1,1 millardos. Es muy poca la diferencia”, dijo.
Agregó que por concepto de los fondos autoadministrados –relación directa entre las empresas públicas y las clínicas– el gobierno mantiene una deuda que ronda 1,3 millardos de bolívares.
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