Tras la revelación en el 2013 de que la compañía de grúas local ‘Southland, the Towing Company’ estaba implicada en un presunto fraude con remolques injustificados en combinación con la policía de Sweetwater, esa y otras ciudades, como Doral y South Miami, cancelaron inmediatamente los acuerdos con la empresa.
Sin embargo, la ciudad de Miami mantuvo a Southland –que se encontraba bajo investigación federal– en la lista de rotación de empresas de grúas empleadas por su departamento de policía.
En mayo el propietario de Southland, Robert Muriedas, se declaró culpable en una corte federal por participar en un caso de fraude por “piratería con grúas” precisamente en la ciudad de Miami. Pero aun así la ciudad mantiene un contrato con la compañía, y no está claro sí cancelará el acuerdo, ni cuándo se cancelaría.
“El Departamento de Policía está revisando, junto al Departamento Legal de la ciudad, los términos y condiciones del contrato con Southland, the Towing Company”, dijo de manera escueta a través de un correo electrónico Fernando Casamayor, el director de finanzas de la ciudad, tras varios pedidos de información de El Nuevo Herald.
Mientras tanto, varios propietarios de compañías de grúas, que prefirieron permanecer anónimos, y personas que dijeron que perdieron sus vehículos tras ser remolcados por Southland, han expresado incomodidad por lo que consideran “el trato flojo de las autoridades” hacia la compañía.
“Por mucho tiempo en la industria hemos sabido que esa empresa andaba en asuntos raros, se comentaba, nadie entendía por qué no se hacía nada”, dijo hace unas semanas el dueño de una pequeña empresa de grúas que da servicio a negocios privados. “Ahora el dueño de declara culpable de varios delitos y todavía siguen con contratos en ciudades. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que las autoridades actúen?”.
Muriedas, quien aun figura como dueño de la compañía en la división de corporaciones de la Florida, fue arrestado a mediados de mayo, y se declaró culpable de conspiración para cometer fraude.
Muriedas fue la séptima persona acusada formalmente en el caso de fraude investigado por la brigada anticorrupción del FBI, en colaboración con Miami y otros departamentos policiales. La pesquisa comenzó en el 2013 y los blancos de la investigación incluyen a la policía de Miami, a agentes de la policía de Miami-Dade y otras agencias locales.
En Sweetwater, Muriedas y Southland habrían estado bajo investigación en el 2013, en conexión con un caso de fraude organizado. En esa municipalidad la compañía manejó un monopolio sin contrato por años. La administración municipal concedió el monopolio a Southland a pesar de que el entonces alcalde Manuel “Manny” Maroño había sido socio de Muriedas en varios negocios de grúas hasta el 2010. La compañía empezó a remolcar en la ciudad desde al menos el 2009.
No está claro cuándo, o sí las autoridades federales o estatales realizarán arrestos en Sweetwater con relación a la pesquisa por fraude con los remolques.
En marzo el FBI arrestó a cuatro operadores de grúas y a dos empleados de la Policía de Miami bajo cargos de soborno y fraude relacionado con los remolques.
Los operadores — Jesús Tello, Reinaldo Martín Cruz, Ronald Alfaro y Michael Pérez— pagaron entre $6,000 y $20,000 al año en sobornos a los dos empleados de servicios públicos de la ‘Miami, Arístides Paulino y Keri Dixon’, según documentos de un encausamiento criminal del FBI. Todos se han declarado culpables.
De acuerdo con la acusación, Muriedas era el dueño de una de las compañías cuyas dos grúas eran operadas por Cruz, Pérez y Alfaro. A cambio de los sobornos, los empleados municipales Paulino y Dixon usaban información oficial de la policía para guiar a los grueros a los accidentes de tránsito.
“Robert Muriedas sabía que los conductores que operaban las grúas de la compañía… estaban pagando a los trabajadores de servicio público de la ciudad de Miami para hacer un negocio directo con conductores varados, fuera del sistema de rotación de grúas”, según documentos de la acusación a los que el Nuevo Herald tuvo acceso. Muriedas podría ser sentenciado a hasta cinco años de cárcel.
Mientras tanto, la ciudad de Miami planea publicitar este mes una licitación para realizar nuevos contratos con compañías de grúas para la lista de rotaciones del departamento de policía, de acuerdo con información de la Oficina de Adquisiciones municipal.
DC|ENH