El Gobierno de Venezuela se niega a publicar la sentencia condenatoria del líder opositor Leopoldo López y otros disidentes encarcelados, pese a que la La Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) ha instado a las autoridades del país a que deje de ocultar la documentación de tales juicios. «La CIDH llama al Estado a publicar las sentencias dictadas en contra de Leopoldo López y de los estudiantes Christian Holdack, Demian Martín García y Ángel de Jesús González», afirma un comunicado de la institución.
Juan Carlos Gutiérrez, abogado de la defensa de López, afirmó a ABC que necesita el fallo dictado por la titular del Juzgado 28 de Caracaspara poder recurrir en la Corte de Apelaciones «la injusta y aberrante» sentencia de la que ha sido víctima López. Fuentes de la oposición señalan a este respecto que el Gobierno de Maduro se niega a publicar la sentencia porque es consciente de que los argumentos empleados no resistirían un examen objetivo.
La juez Barreiros tendría que haber publicado su fallo el pasado jueves pero el Juzgado 28 ha estado cuatro días sin actividad por lo que el plazo se ha extendido –de manera tentativa– hasta el 1 de octubre para la eventual publicación de la sentencia.
Leopoldo López, de 44 años, se encuentra en la prisión militar de Ramo Verde desde hace 19 meses por liderar un movimiento de protesta contra el Gobierno. Pese al carácter pacífico de la movilización, la juez le declaró culpable de cuatro delitos: instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio por los hechos violentos ocurridos al final de una marcha el 12 de febrero de 2014.
Ninguno de los cuatro delitos ha sido probado en el juicio celebrado a puerta cerrada. «No hay posibilidad de que la juez cambie o modifique los cargos imputados. Deben ser iguales a los que leyó en el antejuicio», explica Gutiérrez. El abogado considera que el inusual retraso en la publicación de la sentencia se debe «a la imposibilidad de motivar, sostener y argumentar de manera coherente y lógica el veredicto». «La labor de la juez es muy complicada, ya que no puede probar la responsabilidad del incendio provocado en la Fiscalía, los daños a las patrullas, o que López fuera instigador de unos hechos de los que no hay testigos ni pruebas», añade.
Para Gutiérrez no importa quién haya elaborado el fallo contra López, si fue la juez Barreiros o Miraflores (palacio de gobierno). «Lo importante es que la sentencia injusta no se ajusta a la legislación venezolana porque tiene muchos errores graves de procedimiento, violación de los derechos humanos, ausencia de pruebas y publicidad de juicio, que debería haber sido público y no privado y secreto».
Una vez que la juez publique la sentencia, la defensa tendrá 10 días hábiles para presentar el documento de impugnación en la Corte de Apelaciones de Caracas.