Afectados por la estafa del concesionario La Venezolana acudirán este jueves a la sede la Vicepresidencia de la República para exigirle al gobierno que cumpla las promesas hechas después de que en mayo 2014 ocurriera la ocupación estatal de la empresa.
El grupo se concentrará en la plaza del Banco Central de Venezuela para después entregar una comunicación dirigida al presidente Nicolás Maduro, el vicepresidente Jorge Arreaza, el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello y más representantes gubernamentales.
El objetivo de la comunicación es pedir que las autoridades cumplan las tres promesas realizadas y que respondan por aproximadamente 998 millones de bolívares invertidos por los afectados.
“Nadie se ha sentado con nosotros a cumplir lo que han dicho, todo ha sido puras promesas. Están jugando al cansancio con nosotros, es humillante que para hacer cumplir nuestros derechos estén haciendo esto”, declaró Magaly Andrade en nombre de los 7.200 afectados.
Andrade y Alexis Rangel, voceros de los estafados, indicaron que actualmente el grupo se encuentra “en el aire” después que su enlace en la Vicepresidencia fuera designado a otro departamento y añadieron que después de una manifestación realizada este año ocurrió una reunión con la Vicepresidencia en la que les hicieron tres opciones para resarcir el daño por la estafa.
La devolución del dinero y la entrega de 100 carros mensuales fueron las primeras ofertas hechas. En la última reunión les indicaron que el punto de cuenta que serviría para pagarles estaba en manos del ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Marco Torres y que no ha sido firmado por “no haber los recursos necesarios”.
La tercera propuesta hecha es considerada como un “nuevo robo del gobierno”, esta es la compra al contado de vehículos Arauca por un precio de 465.000 bolívares. Un grupo de los afectados que consideró la oferta se quejó de no haber sido contactados por ninguna autoridad.
“Es doloroso que estemos pasando por esta situación, no solo por las promesas hechas en televisión. Ellos son culpables que esta compañía haya actuado sin supervisión de los organismos del Estado. Esa nueva propuesta es una cortina más de humo. En todo lo prometido nos han quedado mal, estamos cansados de las promesas”, expresó Andrade.
“Repartieron nuestros carros”
Andrade y Rangel destacaron que entre los afectados se encuentran personas de tercera edad, discapacitados y familias que vendieron sus cosas y se endeudaron bajo la promesa de adquirir un vehículo con precios entre 200.000 y 400.000 bolívares. Recalcaron que hubo quienes pagaron la totalidad del monto y la mayoría más de la mitad.
Señalaron que al momento de la intervención estatal había llegado un lote de 98 vehículos al país pero aseveraron que esos automóviles fueron entregados a misiones y entes gubernamentales.
“Había 98 carros al momento del problema. Cuando tuvimos la primera reunión con la junta provisional insistimos que entregaran esos carros y nos dijeron que entraron de forma ilegal al país. Nos enteramos que repartieron nuestros carros a la Misión Saber y Cultura, a sujetos en universidades y más. Eso es otro robo más”, afirmó Rangel.
DC/EN