Al concluir su 71 Asamblea General en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha concluido, entre otras cosas, que las limitaciones al acceso a la información en poder del Estado se ha acentuado en varios países, siendo Panamá uno de ellos.
La asociación periodística también hizo hincapié en «una iniciativa de ley que, entre otras graves restricciones a la libertad de expresión, impone la colegiación obligatoria y establece sanciones de cárcel por el ejercicio ilegal del periodismo».
Sobre este anteproyecto, presentado ante el pleno de la Asamblea Nacional por el diputado panameñista Juan Moya, la SIP exhortó al Gobierno de Panamá y, especialmente al presidente de la República de Panamá, «a realizar todos los esfuerzos posibles para que esta iniciativa legislativa sea archivada».
Precisamente, Varela se refirió esta semana por primera vez a esta iniciativa, a la que calificó como un tema aislado de un copartidario, a quien ni el partido ni el gobierno ha respaldado para la misma.
«La iniciativa no ha tenido ningún tipo de avance, ni lo tendrá», señaló.
Moya, por su parte, ha reiterado que la ley es para defender a los periodistas, y recordó que existe una separación de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo.
“Si el Gobierno me tiene que decir a mí qué debo hacer, entonces para qué soy diputado”, manifestó.
En sus conclusiones, la SIP también resaltó que la violencia no cesa contra medios y periodistas.
«Multiplicación de leyes, proyectos y presiones gubernamentales que intentan controlar el libre flujo informativo en los medios tradicionales y también en las nuevas plataformas; restricciones al acceso a la información pública; asignación discriminatoria de publicidad oficial y mayor concentración de medios en sectores vinculados con los gobiernos», ennumeró la agrupación.
«Es que ningún país de América está a salvo de la corriente censuradora que se extiende como inmensa mancha de aceite. Ello ocurre inclusive en países tracionalmente garantistas de la prensa libre, y en algunos casos bajo el paradójico argumento de promover mayor pluralismo, de garantizar el derecho al olvido o de poner freno al ‘discurso de odio'», añade el comunicado final.
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