Con el reto de revitalizar la lucha contra la violencia doméstica en Miami-Dade, la comisionada condal Rebeca Sosa anunció el lanzamiento de un paquete de medidas que busca incrementar las penalidades contra los agresores y promover programas educativos financiados con fondos privados.
Sosa dijo que este martes planteará ante el pleno de la comisión condal la aprobación de seis resoluciones como un paso clave para encarar con liderazgo la crisis desatada por la avalancha de abusos domésticos en Miami-Dade.
“Ha llegado el momento de trabajar unidos”, dijo Sosa a el Nuevo Herald. “Vamos a presentar nuevas medidas enfocadas en proteger a las familias y en educar a nuestros niños y jóvenes a rechazar la violencia doméstica en nuestra comunidad de una vez por todas”.
Miami-Dade es el condado con mayor número de casos de violencia doméstica registrados en la Florida, según la Policía Estatal. De acuerdo con cifras de esa dependencia, el año pasado fueron reportados 9,811 casos en Miami-Dade, el condado con la mayor población del estado: más de 2.6 millones de habitantes.
Una serie de reportajes de el Nuevo Herald difundidos desde septiembre, revelaron que la policía de Miami-Dade registró más de 25,000 casos de violencia doméstica entre el 2010 y el 2014.
Pero además de las preocupantes cifras, Sosa dijo sentirse remecida por la crueldad de varios de esos casos, los cuales reflejan tendencias escalofriantes: crímenes cometidos delante de hijos menores de edad, personas que matan a sus parejas para luego suicidarse y agresores que se ensañan baleando a sus parejas en el rostro.
La comisionada indicó que una de las medidas plantea que el alcalde condal Carlos Giménez implemente un fondo fiduciario con el único propósito de recibir donaciones del sector privado para desarrollar programas educativos contra la violencia doméstica. Las donaciones serán deducibles de impuestos.
Michael Hernández, portavoz del gobierno condal, dijo que el paquete de medidas contaría con el respaldo del alcalde con el objetivo de liderar la lucha contra la violencia doméstica.
“El alcalde Giménez aún no ha revisado la propuesta legislativa de la comisionada Sosa, pero es muy probable que la apoyará”, dijo Hernández en un correo electrónico enviado a el Nuevo Herald. “El alcalde ve con muy buenos ojos los esfuerzos para eliminar la violencia doméstica en el Condado Miami-Dade”.
El paquete de medidas de Sosa también plantea que la administración de Giménez trabaje de la mano con la Junta Escolar de Miami-Dade en el desarrollo de un programa educativo enfocado contra la violencia doméstica y dirigido a los estudiantes de las escuelas primarias, intermedias y secundarias.
Una vez aprobada esta medida, el gobierno condal tendrá un plazo de 90 días para elaborar un plan de implementación del programa, el mismo que será revisado en el pleno de la comisión.
La presidenta de la Junta Escolar, Perla Tabares-Hantman, destacó la iniciativa condal pero dijo que esperará que la propuesta les sea formalmente presentada.
“Un programa educativo de esta naturaleza debe ser primero analizado para poder comentarlo”, dijo Tabares-Hantman. “Pero personalmente siempre estaré a favor de todo lo que se pueda hacer para disminuir la violencia en nuestro condado”.
Sosa también presentará una resolución para que la comisión condal solicite al Congreso en Washington D.C. y a la Legislatura estatal en Tallahassee que endurezcan las penalidades contra los agresores convictos por violencia doméstica.
Los argumentos que sustentan la resolución señalan, por ejemplo, que la Legislatura estatal ha promulgado medidas para que los agresores cumplan con al menos cinco días de prisión por golpear a sus parejas, y completen un programas de capacitación contra la violencia doméstica que dura 26 semanas. Además se les impide portar o ser propietarios de armas de fuego.
Pero en la práctica, “las sanciones resultan muy leves”, dijo el viernes un detective de la policía condal que pidió no revelar su identidad. Indicó que una reforma legislativa debe apuntar a que la Fiscalía pueda continuar con el proceso a pesar de que las víctimas desistan de colaborar con las investigaciones.
El agente agregó que durante los últimos años la Unidad de Víctimas Especiales de la policía condal, que como parte de su trabajo investiga los casos de víctimas de violencia doméstica, había sufrido la drástica disminución de sus detectives: de 30 a 12. Eso, enfatizó, afecta la eficiente investigación de la avalancha de casos.
La progresiva reducción de oficiales en esa unidad fue creciendo con los constantes recortes presupuestales en la policía condal. Sobre este tema aún no hay un pronunciamiento claro de las autoridades condales que permita augurar el pronto fortalecimiento de esa unidad.
Otra de las medidas de Sosa busca que la administración de Giménez implemente es un programa de promoción de toda la cadena de ayuda condal existente: desde la red de viviendas de refugio hasta asistencia psicológica y capacitación laboral, entre otros.
Además, la comisionada propone que el programa Head Start, que asiste a niños de familias de bajos recursos, sean incluidos en los programas educativos contra la violencia doméstica.