El desabastecimiento es violencia contra el pueblo; la inseguridad generalizada es violencia contra el pueblo; la persecución contra todo aquel que disiente, sea opositor o ex oficialista, es también violencia contra todos los venezolanos. Tras 17 años de esa violencia, lapso en que el poder dispuso del control absoluto de todas las instituciones y de sumas de dinero inimaginables por los altos precios internacionales del petróleo, Venezuela se encuentra hoy en medio de una crisis tan profunda como peligrosa.
Construir una solución pacífica, constitucional, democrática y electoral a esa crisis es la estrategia de la Unidad Democrática. No ha sido fácil. Para lograr algo tan elemental como la fecha de las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre los venezolanos tuvimos que hacer protestas, movilizaciones y hasta huelgas de hambre.
Conseguir que tales comicios cuenten con observación internacional calificada aun es materia pendiente, por la inexplicable resistencia gubernamental a un escrutinio ordinario en cualquier democracia funcional e indispensable en una situación crítica como la venezolana, en la que es fundamental que el resultado electoral este rodeado de todas las garantías posibles y deseables.
Es así como vamos a las elecciones del próximo 6 de diciembre: Con líderes opositores encarcelados y exiliados; con grupos irregulares realizando ataques a policías civiles usando para ello material de guerra cuya importación, almacenamiento y custodia es competencia exclusiva del gobierno; con estudiantes sometidos a juicios írritos; con extensas zonas del país militarizadas bajo la figura de “estados de excepción” sin que haya conflicto externo o interno que lo justifique. Aun así la Unidad Democrática acude a los comicios del próximo 6 de diciembre, precisamente porque queremos construir una salida PACÍFICA a la actual crisis, y porque ese es el clamor de la determinante mayoría de los venezolanos que, en la calle y en TODOS los sondeos de opinión, plantean la necesidad urgente de un cambio de verdad en democracia y libertad.
Para que la paz sea posible, la voz del pueblo debe expresarse. Y para que esa expresión sea libre debe estar rodeada de algunas condiciones y garantías: El gobierno debe cesar de inmediato la utilización de los recursos del Estado (desde dinero y vehículos hasta la realización de “cadenas” y el uso ventajista de los medios de comunicación oficiales, pasando por la movilización compulsiva de los empleados públicos) en su campaña electoral; debe permitirse la participación de observadores electorales de organismos internacionales con experiencia y capacidad instalada en la materia (OEA, ONU, Unión Europea); debe evitarse la movilización de grupos irregulares pro-oficialistas que el día de los comicios violan la prohibición de porte de armas, la prohibición de hacer propaganda política y hasta la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas ese día, acosando a los testigos y miembros de mesa opositores y amedrentando a los votantes; Debe evitarse la perniciosa práctica de las “prórrogas” irregulares que extiende la jornada electoral hasta la noche, cuando al amparo de las sombras se exacerban los abusos y el ventajismo; debe evitarse el funcionamiento de centros de votación en locales partidistas, centros de dádivas oficialistas y cualquier tipo de local que no ofrezca las condiciones de equidad necesarias. En resumen: Debe cumplirse la Ley y la Constitución, que es el verdadero “acuerdo” y marco de acción de los actores sociales y políticos, el pacto de convivencia que permite la paz.
Que estas y otras garantías electorales, violadas a lo largo de los últimos 17 años, sean en esta oportunidad respetadas por quienes detentan por ahora el poder, será el resultado no de un acuerdo palaciego sino de la organización y movilización del pueblo venezolano y de la actitud vigilante de la opinión pública internacional. Los abusadores llegarán hasta donde el país y el mundo lo permitan. En ese sentido, la Unidad Democrática reitera ante los venezolanos y ante la opinión pública internacional su compromiso: lucharemos por la paz. La paz será consecuencia del respeto a los resultados electorales, y este reconocimiento a su vez será consecuencia del respeto a las reglas del juego democrático establecidas en la Constitución y la Ley.
El señor Nicolás Maduro en días recientes ordenó públicamente al que debería ser un “poder independiente” la redacción de un “acuerdo de respeto a los resultados electorales”. Pocos días después el CNE complació al también presidente del PSUV, actuando no solo con obsecuencia sino con una rapidez pasmosa, toda vez que la Mesa de la Unidad Democrática, en comunicación enviada hace mas de cuatro semanas, nuevamente requirió de ese organismo garantizar una serie de condiciones que –al preservar la equidad y transparencia del proceso electoral- permitan a todos el posterior reconocimiento de sus resultados, contribuyendo así de manera real a recuperar la hoy perdida paz de la República.
Como consecuencia de esa “orden” presidencial fuimos “convocados” hoy a las 2:30pm para la firma de un “acuerdo”, cuyos términos no conocemos y en cuya redacción no participamos. “Acuerdo” no es “imposición”. Sólo el militarismo enfermizo y el talante autoritario puede confundir una cosa con la otra. Por eso no asistiremos a ese acto. Pero como somos firmes defensores de la paz y de la libre expresión del pueblo, hemos consignado un proyecto de acuerdo con los puntos que ya hemos señalado como indispensables (entre ellos, de manera destacada, la observación internacional
calificada). Esperamos que el gobierno y sus agentes electorales conozcan este proyecto, lo estudien, lo discutan y podamos entonces intentar la construcción de un acuerdo definitivo y plural. El texto de este proyecto estará en la página web de la Unidad, www.unidadvenezuela.org, para conocimiento de todos los ciudadanos.
Hoy las fuerzas del cambio democrático somos amplia mayoría. Eso puede constatarse en la calle y en TODAS las encuestas. Por ello estamos obligados a declarar ante los venezolanos y ante el mundo que la Unidad Democrática respetará la genuina expresión del pueblo, y además OBLIGAREMOS al gobierno a respetarla. Y lo haremos con el instrumento que la Constitución establece como derecho ciudadano: la movilización pacífica y contundente de un pueblo decidido a cambiar.
DC | NP