El presidente del Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG) y secretario de Independencia Judicial del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Raúl Rodríguez, habla sobre la actual administración de justicia, el trabajo de Kenia Porcell en el Ministerio Público y de la supuesta influencia de ciertos grupos en las decisiones judiciales. Además, Rodríguez —expresidente de la Asamblea Nacional y exdirector de Asesoría Legal del Tribunal Electoral— se refiere a las donaciones privadas para las campañas políticas.
Se critica mucho cómo se maneja la justicia actualmente…
La administración de justicia es uno de los temas que mayor preocupación genera en el gremio abogadil. Vemos muchos elementos que son totalmente opuestos el buen desempeño de la administración de justicia.
¿Cómo qué?
Está muy bien que se investigue, nosotros lo aplaudimos, pero vemos que hay un tamiz para cada caso. No se aplica la justicia por igual, algo que es esencial. Por eso la imagen que representa a la justicia es una mujer vendada, porque debe ser imparcial, sin inclinarse a ningún lado. Un abogado de Estados Unidos me consultaba hace un tiempo cuál era el criterio para aplicar las medidas cautelares, pues veía que a unos se les ponían fianzas, a otros les daban impedimento de salida del país, a otros los tienen presos desde hace bastantes meses y no han dado explicación del porqué (si es que son un peligro para el país, si cometieron un delito más grande o si vulneraron una medida previa que se les haya aplicado). Eso nos preocupa mucho. También nos preocupa que el Ministerio Público dijo que le ha rendido explicaciones sobre sus actos a Alianza Ciudadana Pro Justicia.
¿La procuradora Porcell ha politizado su cargo?
No diría que lo ha politizado. La conozco como una buena profesional. Cuando la nombraron, comenté que íbamos a confiar en ella y que esperaríamos para evaluar su gestión.
¿Y ahora que ya ha pasado un tiempo en el cargo?
Vemos con preocupación ciertas cosas.
¿Debe la procuradora compartir sus expedientes o darle explicaciones a grupos como la alianza ciudadana pro justicia?
He allí donde radica la preocupación: la independencia judicial, la administración de justicia y los criterios que utilizan los fiscales y jueces deben responder a la Constitución y a la Ley. No debe existir una sujeción hacia nadie y menos a una organización que no es representativa de nada. Lo primero que hay que verificar es quiénes eligieron a los miembros de la Alianza Ciudadana. Como un grupo colaborador de la administración de justicia y como un grupo vigilante de la ciudadanía, me parece excelente. No es que trate de desconocer lo que hacen, pero cada cosa en su lugar: ellos no pueden ser ni fiscalizadores ni vigilantes ni supervisores de los administradores de justicia del país. Eso desnaturaliza, totalmente, la administración de justicia.
¿El dar explicaciones sobre cómo actúa el ministerio público vicia los procesos?
¡Por supuesto que sí! Contamina el proceso.
¿Y eso no podría ser utilizado, el día de mañana, por los abogados defensores?
Es tan importante la independencia y que no se vicie un proceso, que, incluso, a los juzgadores les está prohibido por ley adelantar procesos. Ahora, que interfieran en la administración de justicia grupos y personas que no tienen nada que ver con la administración de justicia, por supuesto que lo vicia. No podemos aceptar eso. El Colegio de Abogados está conformado por los colaboradores de la administración de justicia, que son los abogados del país. Mal podemos aplaudir que un grupo que no representa las instancias abogadiles, o sea el foro de abogados de este país, esté en una posición de vigilancia hacia la función constitucional del Ministerio Público.
El CNA se salió de la alianza…
Fuimos aliados de ese grupo, en el sentido que colaboramos con la administración de justicia. Nuestro análisis es que no podemos ser parte de un grupo tan amplio como lo es la Alianza Ciudadana, que no tiene una legitimidad de elección, que no tiene una institucionalidad representativa, que no está creado a través de la Constitución o la ley, cuando nosotros sí tenemos una representación jurídica, tenemos una larga trayectoria, un grupo natural dentro de lo que es el foro y la administración de justicia y somos elegidos periódicamente, y que —además— somos parte de instancias como es el Instituto de Medicina Legal y el grupo que tiene que ver con la vigilancia del funcionamiento de la administración de justicia. No podemos ser parte de un grupo tan amplio. Podemos colaborar en cualquier actividad, pero tenemos nuestra propia personalidad, independencia y representatividad.
¿Quién es Magali Castillo como para que la procuradora le tenga que rendir cuentas?
Ella es una excelente ciudadana, una colega; pero no más de eso.
¿Qué rol juega Movin (movimiento independiente) en todo esto?
Ellos tienen menos legitimidad aún. Hasta donde sé, fueron un grupo creado con un objetivo político específico: apoyar la candidatura presidencial de Juan Carlos Varela.
¿Son tan independientes como dicen?
No son independientes en lo absoluto. Ellos se crearon con un objetivo. Movin es un tema de marca, para venderse. Ellos son los independientes que apoyaron [a Varela]. Es como el ‘Team Martín’ que, en su momento, respaldó al presidente Martín Torrijos; pero hasta ahí. No es que, luego, el Team Martín quiso erigirse como parte de las organizaciones que son parte de la administración de justicia.
La reunión con los magistrados de la corte…
En su momento, fuimos críticos de esa reunión, porque la Corte salió de su institución para reunirse en la Cámara de Comercio, que está integrada, mayoritariamente, por sectores económicos. Eso no puede ser, eso es totalmente contrario a la independencia judicial. La Corte cayó un escalón bien grande al hacer eso.
¿Los independientes son el poder detrás del poder?
No sé cuál es la intención de Movin al inmiscuirse en temas que no son parte de su actividad. Si quieren convertirse en un grupo político o hacer campaña política, tienen la libertad y ahí no hay ningún problema; pero no pueden intervenir en la administración de justicia y, menos, en sus instituciones, porque no caben ahí.
¿La gente se compra el discurso de independencia?
Creo que no. El pueblo es bien sabio y en su momento tomó una orientación de carácter político-electoral. Estamos en otra instancia en este momento, la de gobierno. Esto debe dar paso a acciones propias de un gobernante, no a acciones politiqueras. Inmiscuir un brazo político o politiquero es deplorable por parte del gobierno, si son quienes tratan de inmiscuirlo. Si son ellos los que han tratado de inmiscuirse, hay que dejarlos a un lado.
Hay quienes dicen que movin está influyendo en la elección de los magistrados de la corte suprema de justicia…
Los medios, incluso, antes de que hubiese claridad de cómo sería la convocatoria para que los aspirantes se interesaran, señalaron que uno de los que iba a entrar a calificar era Movin. Nosotros criticamos eso. Si Movin puede hablarle al oído al Ejecutivo, no lo podemos saber; sin embargo, no es legítimo. En el Pacto de Estado por la Justicia, Movin no entra. Ahí están sectores específicos, que están representados debidamente, que tienen una personería. Ellos ahí no caben. No porque no los queramos ahí, sino porque no entran en los principios que debe tener una organización. Por lo demás, no le puedo decir si tienen la capacidad de moverse en otra línea, eso escapa de nuestro control. Hay que reconocerle al presidente Juan Carlos Varela que retomó el Pacto y ha tratado de revitalisarlo; pero le pedimos que lo haga del modo correcto, como se ha manejado anteriormente. El Pacto dejó buenos resultados tras su creación. No se va a arrepentir de eso, porque será bueno para el país. El presidente Varela no se debe dejar llevar por sectores que tienen intereses particulares.
¿Juan Carlos Varela tiene intereses en la justicia?
Naturalmente. No se pueden señalar puntos concretos, pero sí. Y es correcto que los tenga. El presidente debe interesarse por la buena administración de justicia, que sea imparcial e igual para todos, y que el país descanse en un ambiente de seguridad jurídica.
Sobre la reforma electoral se critica que no va a llevar a nada nuevo…
Cada vez que pasa un proceso electoral hay que hacer reformas. Se debe anotar, con claridad, los errores cometidos para que sirvan de guía.
Este proceso fue muy convulsionado…
Tiene muchas anotaciones, dejó mucha insatisfacción judicial. El Tribunal Electoral tiene funciones administrativa y judicial, y esa parte hay que fortalecerla, porque la labor colaboradora de la Fiscalía Electoral dejó mucho que desear.
El tema de las donaciones privadas a campañas es donde todo se tranca. Los partidos políticos tienen cinco de nueve votos. ¿se puede esperar que cambien algo que les funciona?
Eso es importante. Las reformas al Código Electoral terminan en la Asamblea luego del trabajo de la Comisión que recomienda el paquete que aprueba o no, la Asamblea. Salvo el gobierno pasado, que rechazó el paquete por completo, las otras administraciones se han ido comprometiendo más y más con la democracia.
¿El financiamiento a una campaña es una inversión a largo plazo?
Una inversión muy valiosa. A veces no se invierte, sino que se gasta, se hace de manera incorrecta.
¿Y el que dona a una campaña?
El Gobierno gasta en cosas que no tienen valor y mide el gasto versus el rédito económico. Por ejemplo, se dice que la administración de justicia no rinde frutos, pero no tiene el presupuesto que debería tener. En el presupuesto de la administración de justicia no se debe escatimar, porque ahí es donde se dan las condiciones sociales para un buen crecimiento económico. Sin seguridad jurídica, no habrá crecimiento económico.
¿Qué busca un donante al aportar dinero a una campaña política?
¿Quién da algo a cambio de nada? Esa es la interrogante.
¿Esto no propicia la corrupción?
¡Por supuesto! Por eso el Estado debe financiar las campañas, para que haya igualdad de participación. Hay un riesgo muy importante que los mandatarios deben analizar: si no se controla el financiamiento de las campañas, existe el riesgo de que de que queden en manos de grupos que están fuera de la ley, que se quieren ganar un espacio. Ha pasado en otros países.
Y en Panamá también…
Sí, en Panamá ya ha pasado. Ese es un tema de mucha importancia. Por eso no se le puede considerar gastar, sino invertir en la tranquilidad del país, en la seguridad jurídica y en la democracia, que es la base para la estabilidad de un país.
¿Y por qué los partidos van a querer cambiar algo que a ellos les funciona?
Es necesario que todos los grupos de nuestra sociedad y los medios presionen para que vayamos en esa dirección. Los partidos responden al querer de la ciudadanía, porque es la que los alimenta con el voto. Los partidos sabrán entender cuando se debe dar ese paso.
¿Si le digo panamotta, qué entiende?
Más específico no puede ser ese nombre. Nos quejamos de que el presidente Martinelli llegó con las ansias de apoderarse del país y que todo lo compraba: ‘compro a éste, compro al otro; compro a este diputado, a este representante, a la oposición’. Hay personas que fueron buenos alumnos y quieren seguir aplicando el modelo. Por un lado se critica la corrupción, pero la quieren seguir implementando, por el otro lado. Nuestro país no puede estar en manos de nadie, debe estar en manos de todos. Todos deben tener igualdad de oportunidades. Se debe elegir, por el bien de nuestro país, a las mentes preclaras y no al que puede comprar más. El dinero que muchos aspiran tener es la mayor tentación en una sociedad, porque el dinero es un elemento que lleva, en muchas ocasiones, a quien no tiene la fortaleza de criterio y quien no tiene los suficientes principios, a sucumbir ante ello. Eso es malo.
¿El presidente Varela está cayendo en lo que tanto le criticó a Martinelli?
Considero que Juan Carlos Varela no está haciendo muchas cosas para el beneficio del país.
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‘Hay personas que fueron buenos alumnos [de Ricardo Martinelli] y quieren seguir aplicando el modelo. Por un lado se critica la corrupción, pero por el otro la quieren seguir implementando’.
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