Un total de 152 candidatos con presuntos vínculos con estructuras criminales participarán en las elecciones de autoridades locales y regionales del próximo 25 de octubre, de los cuales el 81% tiene altas probabilidades de salir elegidos.
Así lo concluye una investigación de la Fundación Paz y Reconciliación y la Misión de Observación Electoral (MOE), revelada hoy, adelantada en 21 departamentos del país, con prioridad en ocho de ellos: Valle del Cauca, Córdoba, Bolívar, Sucre, Magdalena, Cesar, Antioquia y Santander. El objetivo fue establecer esas relaciones entre estructuras políticas y grupos criminales, de cara a los comicios.
Según la información recopilada, Sucre, con 47 aspirantes (25 de ellos a alcaldías) es el departamento con mayor riesgo en ese sentido. Le siguen Antioquia con 31 candidatos (23 a alcaldías), Magdalena con 11 y el Valle del Cauca, Bolívar y Cesar, los tres con nueve.
La investigación encontró cinco tipologías en lo que tiene que ver con los vínculos entre candidatos e ilegalidad. Por ejemplo, están los considerados herederos de la para política, es decir, quienes izan las banderas de algún político investigado o condenado en el pasado por nexos con grupos de autodefensa. Generalmente son familiares en primer grado, como hijos, esposas, hermanos, primos, o personas que han trabajado en cargos políticos o administrativos del parapolítico en cuestión.
Como ejemplos, el informe menciona los casos de Rosa Cotes, candidata a la Gobernación del Magdalena y esposa del condenado parapolítico “Chico” Zúñiga, y el de Oneida Pinto, quien representa los intereses del detenido ex mandatario “Kiko” Gómez y aspira a Gobernación de La Guajira.
Asimismo, hay candidatos que pertenecieron o que aún están vinculados directamente a organizaciones criminales; candidatos que tienen condenas o inhabilidades por parte de la Procuraduría, la Contraloría o la Fiscalía; candidatos ligados con redes de contratistas, que se han beneficiado del desfalco del erario público, y finalmente candidatos para políticos, que son los que pagaron condenas o firmaron pactos con grupos armados ilegales, como el pacto de Chibolo o Pivijay, y hoy aspiran a cargos de elección popular.
El informe se refiere también a violencia política. En total se han presentado 160 casos hasta el día de hoy, entre ellas 119 amenazas, 18 atentados y 17 asesinatos a candidatos a cargos públicos o políticos en ejercicio, lo cual significa que la participación política sigue siendo un ejercicio de alto riesgo en Colombia.