40% de los casos reportados en lo que va del año ha ocurrido en Distrito Capital y Miranda. El Cicpc ha sido el organismo más atacado. En 2015 se ha incrementado en más de 122% el número de casos en los que se reporta el hallazgo o utilización de granadas explosivas, con respecto a 2013 y 2014.
El 5 de agosto, los funcionarios del Eje de Investigaciones de Homicidios en Barcelona se llevaron una sorpresa. La comisión entró en una vivienda del sector La Caraqueña, en Puerto La Cruz, como parte de las averiguaciones relacionadas con el homicidio del ex reo Manuel Boutto Flores.
Al hombre, de 29 años de edad, lo mataron de 2 tiros el 14 de junio en aparente ajuste de cuentas. Fue detenido Arnulfo Martín Rivero, de 22 años de edad. Tenía registro policial por robo en Ciudad Guayana, que databa de marzo de 2012.
Durante el registro a la vivienda los agentes hallaron una cacerina con proyectiles y, metida en una cubeta metálica, una granada fragmentaria F1 (de fabricación rusa), similar a las adquisiciones más recientes para suplir los arsenales de la FAN.
Dos meses antes, en Güiria, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana apresaron a un adolescente de 16 años de edad, cuando intentó eludir un punto de control callejero. El joven iba como parrillero en una moto. Cuando se aproximaba a los militares, se bajó con prisa del vehículo y lanzó un bolso hacia el techo de una vivienda. Cuando le registraron los pantalones, descubrieron una granada GPM75. Las mismas marca y modelo utilizados contra la comisión de Polibaruta, en Las Mercedes, el domingo pasado.
Durante 2015 en más de 122% se ha incrementado el número de casos en los que se reporta el hallazgo o utilización de granadas explosivas en el país, con respecto a 2013 y 2014. Este registro es parcial, pues aún faltan tres meses para finalizar el año. Aún así, suscita preocupación. Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano, dijo que el aumento en la frecuencia del uso de granadas ha ocasionado “una grave situación de conmoción”.
Bombas en las calles. El fin de semana pasado fueron reportados cinco casos en los que arrojaron granadas contra instalaciones policiales o funcionarios uniformados. Hubo nueve heridos y daños materiales a vehículos y edificaciones.
Durante los primeros 9 meses del año los estallidos han ocasionado 29 muertes. Un promedio mensual superior a 3,2.
Un estudio presentado por la ONU para el Control de Armas señala que entre 2013 y marzo de este año el promedio de muertes mensuales por el uso de granadas en Venezuela era de 0,6. La ola de violencia registrada en el país durante los últimos meses ha triplicado este promedio.
20% de estas muertes ha sido el resultado de accidentes en la manipulación de armas.
Igualmente, han resultado lesionadas 42 personas. Esta cifra de tan solo 9 meses se acerca al total de Colombia durante el lapso 2013-2014, cuando todavía quedaban en ese país focos de insurgencia guerrillera y paramilitarismo.
En 22 de los 40 casos reportados hasta el 1° de octubre, las granadas fueron arrojadas o usadas contra policías, militares o instalaciones de algún cuerpo de seguridad. En algunas oportunidades no estallaron, tal y como sucedió el jueves en la sede de la policía municipal de Los Teques. En 17,5% de los casos, el objetivo ha sido alguna sede del Cicpc.
El comisario jubilado Luis Godoy, ex jefe de la División contra Homicidios de ese organismo, señaló que es muy difícil precisar el origen de las granadas una vez que han estallado. Esto dificulta las pesquisas sobre los ataques ejecutados el pasado fin de semana.
“Queda muy poco para trabajar. Los laboratorios solo llegan al tipo de granada, y quizá la marca y el año de fabricación”, explicó.
En 40% de los casos la granada fue usada o encontrada en el Distrito Capital y en Miranda. Anteriormente, esto ocurría en Aragua.
Problema de control. William Godnick, coordinador del Programa de Seguridad Pública de la ONU, señaló que por regla general las granadas llegan a manos de civiles, debido a robos o a la corrupción de funcionarios militares. “Es un problema de control de arsenales. Se ve en países con ejércitos significativos. Son los únicos dueños legítimos de las granadas”, afirmó.
Dijo que en Perú, México, Colombia y El Salvador se ha visto a bandas organizadas con este tipo de armas. En todos los casos analizados, las granadas llegan a los civiles por deficiencias en el control a los inventarios, al personal y las instalaciones en las que son guardadas.
En el mercado negro
120.000 bolívares sería el costo actual de una granada fragmentaria en el mercado negro. Según fuentes policiales, la mayor facilidad para la adquisición de estas armas se presenta en los estados centrales del país, donde operan grandes bandas delictivas que tienen entre sus miembros a soldados activos de la Fuerza Armada Nacional. El escaso control a los arsenales facilitaría el comercio ilegal de granadas.