Un proyecto de ley que exige un examen de suficiencia a los graduados de derecho para poder litigar confronta a los estudiantes de leyes de la Universidad de Panamá, la Corte Suprema y el Colegio de Abogados.
La propuesta, por el cual se modifica la Ley 9 de 18 de abril de 1984, que regula el ejercicio de la abogacía en Panamá, fue presentada por el Órgano Judicial el martes 29 de septiembre, ante la Asamblea Nacional.
Según conocedores del tema, anualmente se gradúan unos 900 nuevos abogados. Hasta el martes, en el país había 20,239 profesionales con idoneidad emitida por la Corte Suprema de Justicia, lo que significa que hay un abogado por cada 187 ciudadanos.
Se trata, según la Corte, de un asunto de calidad. ‘Percibimos con preocupación la merma en la calidad del ejercicio forense; los operadores de justicia somos a diario testigos de este deterioro en los tribunales, constatando que un elevadísimo porcentaje de las demandas presentadas no logran siquiera superar la fase inicial de admisión por cuestiones de forma’, indicó el magistrado Luis Ramón Fábrega una vez presentó el proyecto de ley.
El tercer artículo del documento detalla que la Corte Suprema sólo otorgará certificados de idoneidad a quienes reúnan los siguientes requisitos: ser nacional panameño, poseer título de licenciatura en Derecho o licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, y aprobar un examen profesional de acceso al ejercicio de la abogacía (que coloquialmente llaman la prueba de ‘barra’).
La aplicación recaerá en la Escuela Judicial, bajo la coordinación de un Consejo Evaluador integrado por un representante de la CSJ, el director de la Escuela Judicial; la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, un representante elegido entre las facultades de Derecho particulares, y el presidente del CNA.
Sin embargo, los estudiantes sostienen que detrás se esconde una estrategia para coartarles el derecho de ejercicio.
‘No le tenemos miedo ni fobia al examen. Lo que quieren hacer es elitizar la carrera’, aseveró Ismael González, presidente del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Panamá (UP).
La postura de los estudiantes surge de la misma metodología del examen. ‘El Colegio Nacional y la Escuela Judicial no son los más aptos. Es la Universidad de Panamá la que debe encargarse de velar y fiscalizar la educación superior’, señaló González.
El presidente del CNA, José Alberto Álvarez, explicó que no se le podía dar a la UP la responsabilidad de los examenes porque sería ‘un fuero’.
Álvarez también criticó la postura del rector de la UP, Gustavo García de Paredes: ‘daba pena verlo del lado de las turbas en lugar de pedir un debate’, el martes, en la Asamblea.
El líder del CNA negó también que no se haya consultado al rector García de Paredes, porque hay normas que propuso la misma UP.
La Corte y el CNA sostienen que la iniciativa del examen de certificación ha estado en discusión ‘desde hace años’.
De hecho, el Colegio de Abogados dice que se ha dedicado en el último bienio a la revisión y análisis de los requisitos necesarios para expedir la idoneidad profesional de los juristas.
El proyecto de ley, que pasará a la Comisión de Gobierno, establece que la aprobación de este examen será requisito indispensable para todos los cargos de abogado del Órgano Judicial, a través del sistema de carrera.