En el municipio de Segovia, Nordeste antioqueño, más de 35.000 personas se unirían al paro minero, que tiene lugar debido a la orden de la Procuraduría General que ordenó el cierre de once minas consideradas ilegales.
Según el Ministerio Público, le corresponde al alcalde de Segovia cumplir con el mandato de cerrar estos lugares de extracción de recursos minerales, que directamente benefician a 8.000 trabajadores.
“Los comerciantes, transportadores y la Alcaldía están de nuestro lado. A lo que se llego es a la decisión de comenzar un paro que va en contra de esa decisión maquiavélica de la Procuraduría”, dijo Rubén Darío Gómez, secretario General de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia, Conalminercol.
Para él, el paro solo agudiza los problemas sociales del municipio y acrecienta los problemas de orden público, la oleada de violencia y criminalidad que hay en la región.
Por eso, desde el pasado lunes el alcalde electo de Segovia, Gustavo Tobón, y una delegación de mineros, busca acercamientos con la multinacional minera Gran Colombia Gold para encontrar una salida a la medida.
“Lo que pretendemos es evitar el acto administrativo. Además de buscar la modificación del decreto reglamentario de se está expidiendo, que pone a la minería de subsistencia en una situación de desaparición”, agregó Tobón.
DC|ET