Un nuevo actor se suma a la discusión sobre si se deben otorgar los mismos beneficios fiscales que tienen los otros puertos a las salidas del Canal a la empresa que construya y maneje la terminal de Corozal en el lado Pacífico de la vía interoceánica, la Cámara Marítima que, al igual que hiciera la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) hace unos días, urgió que se retome la discusión de esta propuesta de ley en la Asamblea Nacional.
‘La Cámara Marítima de Panamá hace un llamado de urgencia al Órgano Ejecutivo y al Órgano Legislativo para que aprueben un proyecto de ley que otorgue los mismos beneficios fiscales de los que gozan todos los operadores portuarios existentes en Panamá, a la empresa que resulte ganadora de la concesión para diseñar, construir y operar una terminal de contenedores en Corozal’, indicaron en un comunicado.
La propuesta que la Cámara Marítima solicita que se apruebe no es nueva, ya se discutió en la Asamblea Nacional hace unos meses y no pasó el primer debate.
El pasado 31 de marzo, durante la pasada legislatura, la comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal la rechazó. El anteproyecto contó con cinco votos en contra, una abstención y solo uno a favor.
Segundo intento
Tras el rechazo, que sorprendió tanto a la ACP como al oficialismo, se contempló volver a presentar la propuesta con algunas modificaciones. Así lo hicieron saber en diversos actos públicos tanto Roberto Roy, ministro de Asuntos del Canal, como Jorge Luis Quijano, administrador de la vía interoceánica.
El ex presidente de la Asamblea Nacional, el panameñista Adolfo Valderrama comentó a este diario durante una entrevista que se presentaría un informe de minoría por parte de su copartidario José Antonio Domínguez (el único diputado que votó a favor del anteproyecto y, en ese entonces, presidente de la comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal) recomendando al pleno retomar en segundo debate la discusión de la propuesta fiscal.
Sin embargo, la primera mitad de la segunda legislatura culminó y el informe no fue presentado ni el tema discutido, a pesar de que el tópico ha sido catalogado por diversos sectores como una prioridad.
Una fuente de legislativo que solicitó mantener el anonimato comentó a ‘La Decana’ que existía la posibilidad de que los beneficios fiscales para quien construya y maneje el puerto de Corozal sea uno de los temas que se debatirán en las próximas sesiones extraordinarias.
La oficialista Katleen Levy García, primera vicepresidenta del Legislativo, desmintió esta posibilidad: ‘Hasta ahora no nos han dicho nada. Solo sé que las sesiones extraordinarias son para debatir el tema de los magistrados’, señaló la diputada panameñista.
De no discutirse en estas sesiones extraordinarias, habría que esperar hasta enero, cuando las sesiones ordinarias se reinician.
Diferencias políticas
Una de las razones por la cual la equiparación fiscal para el puerto de Corozal no se discutió en esta primera mitad del año legislativo podría ser las fricciones entre diputados panameñistas y miembros del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el Cambio Democrático (CD) que se oponen a esta propuesta.
A finales de octubre, este diario publicó unas declaraciones de Jose Antonio Domínguez acusando que en el rechazo al anteproyecto hubo ‘cosas bajo la mesa’.
Un grupo de los diputados de la comisión decidieron, de forma inesperada, que se sometiera a discusión el proyecto, sin tan siquiera darle a la ACP o a la Autoridad Marítima de Panamá ni a nadie del Ejecutivo oportunidad de estar presentes. ¡Que expliquen! No lo van a hacer, porque alguien promovió que este proyecto lo tumbaran. ¿Qué hubo debajo de la mesa? No lo sé. El Ministerio Público tendrá que investigar’, fueron las palabras del diputado oficialista.
Estas declaraciones molestaron de la perredista María Del Carmen Delgado y al cedé Absalón Herrera, parte del grupo de diputados que votó en contra del proyecto. Herrera, inclusive retó a Domínguez, durante el periodo de incidencia de la sesión del 1 de septiembre: ‘Que presente pruebas si es tan hombrecito’.
Tras estas palabras, Domínguez se disculpó con sus colegas y comentó que sus palabras fueron malinterpretadas: ‘Yo nunca dije ni sugerí que había habido plata bajo la mesa. Yo dije que había habido ‘cosas raras’ debajo de la mesa, lo cual es totalmente distinto’.
Guerra externa
Los conflictos en la Asamblea no son los únicos que ha generado el proyecto de Corozal.
Diversos grupos como Movimiento Ascanio Villalaz Paz (Mavip), la Unión de Prácticos del Canal y Panamá Ports Company (empresa que maneja el puerto en Balboa, área adyacente a Corozal) se oponen a la construcción de una nueva terminal en ese sector.
Los miembros de Mavip señalan que ellos no se oponen a un nuevo puerto en el Pacífico canalero; pero sí a que se construya en Corozal y apuntan a que hay mejores localizaciones para el proyecto como Farfán y Palo Seco del otro lado de la cuenca de la vía interoceánica.
Los prácticos del Canal, por su parte, señalan que en el área donde la Autoridad del Canal de Panamá desea que se construya la terminal no hay el espacio suficiente para una rada de giro, por lo cual es muy probable que el tránsito de la vía ampliada podría verse afectado cada que un navío entre o salga del puerto.
Panamá Ports Company, por su parte, ha dicho que el movimiento de contenedores en este momento no amerita un nuevo competidor en el Pacífico y que un tercer puerto en esa área (además de Panamá Ports, en Howard está la empresa PSA) haría que la oferta sobrepase la demanda.
Funcionarios de la Autoridad del Canal de Panamá han dicho que, a pesar de las objeciones y los sectores que se oponen al proyecto, Corozal es el lugar definitivo para el nuevo puerto y el proyecto se licitará.