Hablar sobre corrupción en Venezuela conllevaría escribir una enciclopedia por capítulos y líneas de investigación, así como señalar a los corruptos con nombres, filiación política, cargos en el gobierno, ocupación o relación beneficio en contratos, obras, concesiones, favores, tráfico de influencias o privilegios sería un asunto serio, ya que involucraría a muchas personas y cualquiera pudiera salir salpicado, como dirían en mi tierra “le caería mierda al abanico”.
El sociólogo Rubén Aroca en su obra “Corrupción, Democracia y Elites”, describe varios conceptos sobre la corrupción y desde una explicación de la sociología política se inclina al planteado por Gibson, al identificar como corrupto todo comportamiento que, de convertirse en conocimiento público, conduciría a un escándalo, puntualizando que la «corrupción» genera «escándalo», cuando es puesta a la luz pública por los medios, compromete un valor y una ética; es decir, cuando conmueve la opinión colectiva”.
Ahora hablar de ética y de valores implica conocer y establecer una línea divisoria entre lo que es ético para unos y antitético, para otros, como lo que puede ser un valor o un anti valor o una dicotomía, y allí estarán implícitos elementos políticos partidistas para determinar quién puede considerarse corrupto y quien no, es decir todo depende desde la óptica que se mire y el color que arroje. Según Savater, la ética es “el arte de vivir, el saber vivir, por lo tanto el arte de discernir lo que nos conviene lo bueno y lo que no nos conviene es lo malo, aunque lo malo parece a veces resultar más o menos bueno y lo bueno tiene en ocasiones apariencias de malo”.
De tal manera que establecer quien viola los estamentos éticos – morales para ser considerado un corrupto, implica una serie de condicionantes particulares, de apreciación individual, grupal o según el interés que se maneje y los beneficios o perjuicios que puedan ocasionar en el mantenimiento y permanencia del estatus quo, es decir es corrupto aquel que no es mi aliado, amigo o socio, y aunque sea vox populi el acto de corrupción no sería ético, ni moral, denunciar a un aliado; en palabras de Claeys y Frognier “la corrupción es una transacción clandestina salvo allí donde por ser ya sistemática, disfruta de un status casi oficial, de un acuerdo no escrito pero conocido y aceptado por todos”.
No es de extrañar que Venezuela ocupe los primeros puestos en materia de corrupción, ya que nuestros mecanismos de control, sanción y rendición de cuentas están altamente influenciados por la balanza política partidistas tanto en el gobierno como en la oposición, prevaleciendo la complicidad, la omisión y los intereses compartidos de las elites políticas, sobre la calidad y fortalecimiento de la democracia en beneficio de la ciudadanía.
Según un ranking global de la ONG Transparencia Internacional 2014, Venezuela y Paraguay son los países percibidos como más corruptos de América Latina, mientras que Uruguay y Chile son vistos como los más transparentes. El estudio demuestra «que cuando líderes y funcionarios de alto rango abusan de su poder y se apropian de fondos públicos para beneficio personal, se socava el crecimiento económico y los esfuerzos para frenar la corrupción desaparecen».
Finalmente, si los ciudadanos nos ocupáramos de aplicar contraloría social, estableciendo sanciones morales, castigando con nuestro voto los actos de corrupción de la clase política, indistintamente de su filiación partidista, solo con aplicar dos artículos de la Ley Contra la Corrupción de Venezuela, tendríamos una larga lista variopinta de implicados.
Artículo 13. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad política o económica alguna. En consecuencia, no podrán destinar el uso de los bienes públicos o los recursos que integran el patrimonio público para favorecer a partidos o proyectos políticos, o a intereses económicos particulares.
Artículo 68. El funcionario público que abusando de sus funciones, utilice su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, grupo, partido o movimiento político, será sancionado con prisión de un (1) año a tres (3) años.
Bien como lo expreso el filósofo Arthur Schopenhauer, “predicar moral es fácil, fundamentarla es difícil”.
DC / Alfonso Hernández Ortíz / Politólogo- Abogado / @AlfonsoZulia / dialogopublico@gmail.com