Tal como lo hemos dicho en anteriores oportunidades, en Venezuela está en marcha un MEGADAKASO político, económico, social y electorero, con miras a tratar de revertir el irrevertible y generalizado rechazo, del que es acreedor el Gobierno de Nicolás Maduro y la clase política que ejerce el poder en nuestro País desde hace casi 17 años.
Frente a este nuevo ardid oficialista, que recordamos se hizo por primera vez con la creación de varias «misiones sociales» entre 2003 y 2004 a propósito del referéndum revocatorio contra el fallecido presidente Chávez y que se ha repetido cada vez que hay elecciones, sean estas nacionales o regionales, los venezolanos y las venezolanas, tenemos que estar claros, en primer lugar que todo lo que se va a distribuir nacionalmente, adquiridos por el estado a precios de Dolar 6.30, sean electrodomésticos, alimentos, vehículos, canaimitas, repuestos, cauchos o cualquier tipo de productos, provienen de la RENTA PETROLERA que es propiedad de todos los venezolanos, lo que significa que nada de eso es un favor o una dádiva de la clase gobernante, porque ese dinero no es propiedad de ellos y porque es un derecho que tenemos todos, de tener acceso a los bienes y servicios, conforme a la Constitución Nacional que rige desde el 15 de diciembre de 1999, y en segundo lugar, porque es función y responsabilidad de quienes gobiernan, atender con eficacia los reclamos y las necesidades de todos los integrantes de la sociedad, sin distingo de raza, religión, clase social o afiliación político partidista.
En ese sentido quiero dejar claro esta situación, para decirle a todos nuestros compatriotas, que en respuesta a esta misión de emergencia que está instrumentando Maduro y su combo, para tratar de hacerse de los votos necesarios para mantener una mayoría en la nueva Asamblea Nacional y seguir destruyendo la nación, la respuesta generalizada de la población es, la OPERACIÓN AGARRE, que no es otra cosa que accesar y adquirir todos esos bienes y productos y en lo sucesivo salir a votar masivamente y en avalancha el 6 de diciembre, para producir el cambio político que requiere con urgencia la Nación, porque actuando de esa manera y alcanzando una mayoría democrática en el Parlamento, podremos desde el 5 de enero del 2016, iniciar el proceso de reconstrucción institucional, política y moral de un País, que avanza hacia su definitiva destrucción, gracias a la ineptitud de los gobernantes y a un modelo económico impuesto, que ha sido desastrozo en Venezuela y en todos los países donde se ha instaurado.
«Quienes defienden el derecho a la vida de asesinos, avalan la pena de muerte de ciudadanos inocentes» PSB