El acuerdo aprobado por La Asamblea Nacional, en rechazo a la paralización de las actividades académicas en las universidades autónomas del país, por decir lo menos, constituye una infeliz decisión, por apresurada, unilateral y carente de fundamentación ya que previa a la misma debió profundizarse una investigación de los hechos, debiendo convocar al parlamento nacional a los rectores, decanos, organizaciones gremiales de los profesores como la FAPUV y centros universitarios a fin de que informasen sobre la situación de las casas de estudio. De igual modo, radicalizadas como están las posiciones entre el Gobierno y el sector universitario, nuestra Asamblea Nacional debió convertirse en mediadora y árbitro eficaz entre las partes para canalizar respuestas y soluciones.
El conflicto universitario no se reduce simplemente a las justas aspiraciones de su personal por la maxidevaluación de sueldos y salarios, sino también por las limitantes para cumplir eficientemente con los requerimientos de condiciones, materiales y equipos para la formación de nuestros estudiantes y nuestras labores de Investigación y Extensión. De allí que las “sugerencias” al Ejecutivo Nacional para que a través del TSJ se demande a los cuentadantes universitarios por perjuicio al Estado, tomar medidas ante el Ministerio del Trabajo en contra del personal universitario y auditar los recursos entregados para la cancelación de sueldos y salarios, parecieran que tuvieran más la intencionalidad de estimular la radicalización del conflicto que la de buscar una solución. Insólito, pero nuestra Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, pareciera querer apagar el fuego, vertiendo más gasolina sobre el incendio.
En un escenario restrictivo determinado por la adopción de un modelo político-económico fracasado que el gobierno tercamente no ha querido reconocer y cambiar, no puede pretender ahora, imponerle a sangre y fuego, a nuestra sociedad, severas restricciones para llevar la carga pesada, luego de haber derrochado la riqueza petrolera y haber destruido nuestro aparato productivo. Ciertamente, estamos en un momento delicado que demandará sacrificios y esfuerzos de todos, en los cuales, las Universidades ofrecerán, con toda generosidad como siempre ha sido, el concurso representado por su capital intelectual para la adopción de políticas públicas orientadas a la superación de la crisis, pero bajo ninguna circunstancia, puede pretender el gobierno, escudándose tras la mayoría que posee en la Asamblea Nacional, venir a amedrentarnos por reclamar nuestros legítimos derechos.
Resulta evidente que la ponderación, la capacidad de negociación, el acercamiento entre las partes en conflicto en mesas de diálogo serias, orientadas a convenir y no a evadir con tácticas dilatorias, sigue constituyendo el escenario ideal para arbitrar soluciones. Ojalá que esta Asamblea Nacional, próxima a terminar sus funciones y que no le está dejando gratos recuerdos al País, rectifique su conducta y ofrezca, con sentido patriótico su colaboración y corrección, para superar definitivamente las divergencias, que por falta de tacto y voluntad política de los personeros gubernamentales responsables, nos han llevado a esta lamentable situación en perjuicio del País. De esta forma se contribuiría también a crear el clima de paz necesario para que la población se disponga a acudir masivamente el próximo 6 de diciembre, a la designación de una nueva Asamblea Nacional mucho más plural y equilibrada, que legisle, controle, asigne recursos y supervise la correcta aplicación de las Políticas Púbica en beneficio del País y del pueblo que debe representar.
DC / César Ramos Parra / Profesor Universitario / @cesarramosparra