Un total de 1.000 granadas y más de 104.000 balas fueron robadas del principal almacén del ejército de Perú entre 2014 y julio de 2015, informó el lunes el presidente de una comisión legislativa encargada de la seguridad.
«Mil granadas que hasta ahora no aparecen, mil de estos lotes que reconoce el ejército que se las han robado», dijo a la radioemisora RPP el legislador opositor Fernando Andrade tras recibir un informe oficial del Ministerio del Interior y la policía al que The Associated Press tuvo acceso.
La investigación de la unidad de tráfico ilícito de armas y municiones detectó que una de las granadas robadas mató en septiembre a un agente mientras intentaba desactivarla tras haber sido abandonada por extorsionadores frente a una escuela. Otra granada militar explotó ese mismo mes en un circo provocando 11 heridos, incluidos artistas y espectadores.
«Aquí no le están prestando la seriedad que requiere, entonces tenemos las extorsiones», dijo Andrade, quien detalló que en 2014 se perdieron 267 granadas y hasta julio de 2015 otras 786. De ese total se han recuperado apenas 53. El legislador precisó que también se han perdido 104.750 balas para pistolas.
Según el informe policial un mayor del ejército y un suboficial jefe de almacén están siendo investigados como autores del robo y otros siete militares como partícipes.
El legislador recordó que el Ministerio de Defensa se negó desde junio a brindar la información a su despacho sobre la cantidad de granadas robadas. Incluso el ministro de Defensa Jakke Valakivi aseguró en agosto que no se habían perdido granadas de almacenes militares.
Expertos indicaron que las denuncias por extorsiones en Perú no reflejan el fenómeno delictivo en su totalidad por el temor de las víctimas a denunciar ante la inoperancia policial. Tan sólo en la capital se presentaron 1.193 denuncias en 2014, según datos recientes de la Fiscalía.
Este tipo de delito empezó en Perú hace una década en el norte del país, donde se ha enraizado, y con el paso del tiempo se expandió hacia la capital. Las víctimas son en su mayoría dueños de taxis, panaderías, restaurantes, empresas de construcción y escuelas.
DC | AP