No sólo las millonarias deudas aquejan a la EPS Capital Salud, que tiene 850.000 afiliados en Bogotá y cuyo socio mayoritario es la Alcaldía. A la propuesta de liquidarla se suma la prolongada tensión entre el Distrito y su otro dueño, Salud Total. Éste llevó las diferencias a un tribunal de arbitramento, que le dio la razón al concluir que fue irregular la elección del gerente, Alaín Jiménez, que lleva un año en el cargo y lo impuso el Distrito.
Los árbitros, de paso, cuestionaron la influencia que aún ejerce en la junta directiva de la EPS el exsecretario de Salud Aldo Cadena, hoy director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Él impulsó la designación de Jiménez a pesar de que al gerente, según los estatutos, lo debe elegir la junta de una terna presentada por el socio minoritario. Es decir, Salud Total.
En 2009, antes de crear Capital Salud, la Alcaldía de Samuel Moreno y Salud Total firmaron un acuerdo en el que expresaban la voluntad de constituir la EPS. Definieron que la junta directiva la integrarían cinco miembros: tres representantes del Distrito (como accionista mayoritario) y dos del socio privado. El gerente sería elegido de una terna presentada por Salud Total. El Distrito nombraría los gerentes de operaciones y tecnología, y el comercial. El privado, los gerentes administrativo y financiero, y el de salud.
Una vez crearon la EPS, incluyeron ese acuerdo en los estatutos, en 2011, cuando Clara López era alcaldesa encargada. El gobierno de Gustavo Petro, sin embargo, decidió desconocer lo pactado por considerar que Salud Total, siendo socio minoritario (tiene 49% de las acciones; el Distrito, 51%) detentaba mucho poder en Capital Salud. Aunque el Gobierno tiene mayoría en la junta directiva, ha criticado que la terna para escoger gerente la presente el privado, pues éste queda con más poder que el Distrito a pesar de las inversiones millonarias que este ha hecho para tratar de mejorar el servicio.
La elección del gerente Jiménez se dio en medio de esa discusión, con un ingrediente adicional: “Este tribunal”, dice el laudo, “no encuentra razón que justifique la conducta del socio mayoritario a través del señor Aldo Cadena, y de la influencia que él ejerció sobre los tres miembros de junta directiva que representan al Distrito para que nombraran al gerente general sin haberse observado plenamente lo pactado por ambos socios”.
Cadena fue secretario de Salud entre agosto de 2013 y mayo de 2014, cuando salió del gabinete de Petro para hacerle campaña a Juan Manuel Santos. En julio de 2014 se reincorporó como director del IDRD y también lo nombraron “secretario de Salud ad hoc para Capital Salud” (el actual secretario de Salud, Mauricio Bustamante, está impedido para tratar los temas de la EPS por haber pertenecido a su junta). Cadena no está facultado para influir como lo hizo en el nombramiento del gerente, algo que sólo le corresponde a la junta directiva, a la que él no pertenece.
Un testigo les relató a los árbitros que el 6 de octubre de 2014 “estaban los miembros de junta del Distrito y de Salud Total, y el doctor Aldo Cadena en su momento dijo: ‘Aquí afuera está una persona que es un médico que el Distrito cree que es la persona idónea para manejar la gerencia de Capital Salud’, entonces lo hizo pasar. El doctor Alaín hizo la presentación”. Los representantes de Salud Total dejaron constancia de que la hoja de vida evidenciaba falta de experiencia, pero Cadena insistió en que el perfil era idóneo.
Las diferencias entre los dueños de Capital Salud no se restringen a este episodio. En marzo de 2012, recién llegado Petro, El Espectador reveló que Salud Total le había enviado una carta al alcalde anunciando la intención de vender su participación accionaria debido a los reparos que él había formulado sobre la estructura de la entidad. En medio de este choque terció la Personería, que criticó la “posición dominante” del socio minoritario y el aparente favorecimiento a clínicas que integran su grupo económico.
En 2013 Cadena era secretario de Salud y recibió un mensaje de Salud Total manifestando inquietudes por la “ingobernabilidad” de la EPS, a lo que él respondió que desconocía “el acuerdo firmado por los dueños de Salud Total y la administración Moreno-Zambrano”, refiriéndose al exalcalde y a Héctor Zambrano, quien fue su secretario de Salud y hoy está condenado por el carrusel de la contratación.
El problema para el gobierno Petro, según el tribunal, es que ese acuerdo, al estar incluido en los estatutos con la venia de ambas partes, se considera válido. Cadena, sin embargo, asegura que la Supersalud no ha aprobado la inclusión de ese pacto en los estatutos. El Distrito puede pedir la anulación del fallo, pero el funcionario prefiere reservarse lo que harán.
En medio de este pleito, Capital Salud atraviesa por un momento tan crítico, que la Supersalud comenzó una vigilancia especial en octubre debido a las dificultades financieras y para atender a sus afiliados. Durante el empalme con los delegados del alcalde electo, Enrique Peñalosa, se conoció que su déficit es de $300.000 millones. Salud Total propone la liquidación (la Contraloría ya lo había hecho), pero el Distrito responde que, en cambio, hay que meterle más plata para salvarla. Estudian, según Cadena, un crédito con Findeter por $90.000 millones. La nueva administración, que heredará el pleito, anunció que la capitalizará.