En el pensamiento político de los verdaderos demócratas, Montesquieu sigue siendo una referencia insoslayable. La separación de poderes es considerada inherente al nacimiento de la democracia. La independencia de la justicia, la libertad de opinión y expresión y el respeto del sufragio universal también están ligados indisociablemente a la cultura política occidental y, por tanto, de toda América Latina. De hecho, una de las mayores referencias intelectuales y políticas latinoamericanas, el humanista universal Andrés Bello, cuyo aniversario acabamos de celebrar el 29 de noviembre, dedicó su vida a hacer de América Latina un pilar fundamental de la cultura y de los valores occidentales.
En casi todos los Estados latinoamericanos, por tanto, la Constitución consagra estos principios fundadores de la democracia. Así, no se debiera ser víctima de persecuciones o de hostigamientos, ni encarcelado de manera arbitraria simplemente por oponerse pacíficamente al Gobierno en el poder. Tampoco es aceptable ser condenado sin un proceso justo. Liberal o popular, la democracia, sin más adjetivos, es una y universal.
Venezuela no es ni debiera ser excepción. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela también erige como principios fundamentales los valores de libertad, justicia y pluralismo político, así como el ejercicio democrático de la voluntad popular. Asimismo, consagra la prevalencia sobre el derecho interno de los tratados de derechos humanos que hayan sido ratificados por el país. A este respecto, cabe recordar el artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”. Y, por tanto, también cabe insistir en que el Gobierno de Venezuela debe respetar y aplicar su propia Constitución.
Con motivo de las manifestaciones pacíficas que se iniciaron en febrero de 2014, muchos opositores, estudiantes o dirigentes políticos fueron objeto de detenciones arbitrarias, que incluyeron también a ciudadanos europeos. Algunos incluso murieron. Los que han sido juzgados no han podido ejercer libremente su defensa. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, su Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y su Comité contra la Tortura, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las principales Organizaciones No Gubernamentales de defensa de los derechos humanos exigen la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente, entre ellas el Alcalde de Caracas, Antonio Ledezma; el Alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, y el dirigente de la oposición Leopoldo López. Este último ha sido recientemente condenado a casi 14 años de cárcel, prácticamente en aislamiento y con pruebas falsas.
Encarcelar a un demócrata es traicionar la democracia. Hacemos un llamamiento a Venezuela para asegurar una Justicia independiente. Y hacemos un llamamiento a la Justicia venezolana para que libere inmediatamente a Leopoldo López y a todos los opositores políticos encarcelados.
Venezuela es un gran país, que ha sido ejemplar y generoso. Después de la Guerra Civil española y de la Segunda Guerra Mundial, cientos de miles de emigrantes y de exiliados europeos encontraron en Venezuela una esperanza renovada, con nuevas oportunidades. Tras el cataclismo mundial, los venezolanos abrieron sus brazos y las puertas de su patria. En consecuencia, el Parlamento Europeo, entre otros, fue claro en su última resolución sobre la situación en Venezuela (12 de marzo de 2015), pues “insta a la UE, a sus Estados miembros y a la comunidad internacional a que hagan declaraciones y tomen medidas para mostrar su solidaridad con el pueblo venezolano en este difícil período”. No hacemos, por tanto, sino devolver solidaridad por solidaridad.
El 6 de diciembre se celebran las elecciones legislativas para renovar la Asamblea Nacional de Venezuela. Varios candidatos han sido inhabilitados por las autoridades políticas, que además rechazan la presencia de los observadores internacionales independientes propuestos por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea. Esta actitud es muy preocupante. El Secretario General de la OEA ya ha resaltado su inquietud por las condiciones electorales, en una carta pública sin precedentes dirigida a la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. No ha recibido explicaciones sino insultos inaceptables. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha vuelto a expresar su preocupación tras el asesinato, el 25 de noviembre, de un dirigente opositor en un acto electoral con Lilian Tintori, esposa del líder encarcelado Leopoldo López. Nos unimos a sus pronunciamientos: la democracia no funciona cuando el ambiente electoral está dominado por la violencia, las amenazas y la intimidación a la oposición.
El presidente Maduro es el garante de la Constitución. Debe asegurarse de que se celebran elecciones verdaderamente libres, transparentes y en paz. Y deberá respetar el resultado. Es una condición esencial para la convivencia pacífica del pueblo venezolano.
No podemos ser indiferentes ante las legítimas reclamaciones de la oposición democrática venezolana. No decir nada también es tomar partido. Reclamar la libertad, la democracia y el respeto de los derechos humanos en Venezuela no es injerencia: es nuestra obligación como demócratas. Se trata de valores universales que defendemos para todo el mundo, no solo para nosotros.
Los abajo firmantes hacemos un llamamiento al conjunto de las democracias para que se unan a nuestra petición y protejamos juntos nuestro patrimonio cívico común. Denunciemos lo arbitrario y defendamos la democracia y la libertad.
Mariano Rajoy Brey, Presidente del Gobierno de España.
David Cameron, Primer Ministro del Reino Unido.
Thorbjørn Jagland, Secretario General del Consejo de Europa.
Felipe González, ex Presidente del Gobierno de España.
Ricardo Lagos, ex Presidente de Chile.