William Chirinos, concejal del municipio Santa Rita, denunció la mañana de este jueves, que la Alcaldía local despidió de sus entes paramunicipales y dependencias administrativas a más de 80 trabajadores como “factura política”.
Entre los despedidos está una enfermera con 21 años de servicio, choferes de ambulancias y la secretaria del Registrador Municipal.
“La oficina de personal nos ha informado que despidieron 86 personas y ahora se sumaron siete más. Madres de familia que las despidieron porque no son chavistas. Para el momento del despido les dan una comunicación alegando que es una reestructuración de la alcaldía. Pero eso contraviene la inamovilidad laboral. Y casualidad han sacado a personas que no comparten su ideología política”, dijo.
El funcionario agregó: “Les solicitamos que les paguen sus pasivos laborales, porque ni siquiera le pagaron sus quincenas trabajadas. También solicitamos el reenganche, porque eso es ilegal”.
Luisa Gómez, otra de las denunciantes, aprovechó la oportunidad para alertar que el personal de enfermería que han despedido, con amplia trayectoria, es valioso para la comunidad ante la contratación de médicos integrales comunitarios que, según ellos, tienen deficiencia de conocimientos para el ejercicio de la profesión..
“Una de ellas no sabía cómo cortar el cordón umbilical. Entonces, las enfermeras de trayectoria le dijeron lo que tenía que hacer. La comunidad se pregunta: Si sacaron a estas enfermeras con experiencia, ¿qué le espera a los vecinos? Estamos preocupados”.
Los afectados denunciaron que el intendente municipal los amedrentó con la Policía Nacional Bolivariana para dispersar las acciones de protesta. Gloria Quero, una de ellas, indicó:
“La policía se la lanzan a los vecinos afectados porque no son chavistas, gente profesional. A ellos les decimos que aquí hay un pueblo que ya despertó. Y vamos a seguir luchando por todos los trabajadores que despidieron injustificadamente por pensar distinto. Ellos son padres y madres de familia, con niños. Las Leyes los ampara. También soltaron amenazas para sacar de sus viviendas a las personas que tienen casas gubernamentales porque no simpatizan con el partido de gobierno. Es una caería de brujas”.
DC | Panorama