Un juez de Estados Unidos (EU) condenó el miércoles, 16 de diciembre de 2015, a un año y diez meses de cárcel a un exalto ejecutivo para América de la multinacional del software alemana SAP, que se declaró culpable ante la justicia de haber sobornado a tres altos funcionarios del Gobierno panameño en 2009.
El juez Charles R. Breyer del distrito norte de California dictó la sentencia contra Vicente Eduardo García, de 65 años y residente en Miami (Florida), informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado.
García admitió el pasado mes de agosto haber participado «en un plan para sobornar a autoridades panameñas con el fin de asegurar que el Gobierno concediera contratos tecnológicos a SAP», indicaron entonces los documentos judiciales.La confesión de García le permitió alcanzar un acuerdo amistoso con la comisión responsable de regular el mercado de valores en EU, la SEC («Securities and Exchange Commission»), que había presentado cargos civiles contra él, por el que se comprometió a abonar 92 mil 395 dólares.De acuerdo con los documentos judiciales, SAP pretendía lograr «a finales de 2009» un contrato multimillonario para proveer a «una agencia estatal panameña» un paquete para actualizar su tecnología.
Para asegurarlo, García pagó sobornos a dos altos funcionarios del Gobierno de Panamá y al agente de un tercero, que se materializaron en contratos simulados y facturas falsas para «disimular la naturaleza de los sobornos».
Finalmente, SAP logró el contrato de actualización de la tecnología por parte de la Administración, valorado en 14.5 millones de dólares, en los que se incluían 2.1 millones para licencias de software de SAP, y posteriormente el Gobierno panameño otorgó más contratos a la multinacional alemana.El exejecutivo de SAP aseguró que «creía que pagar esos sobornos era necesario para garantizar tanto ese contrato inicial como contratos adicionales con el Gobierno panameño».
EU juzga estos hechos de acuerdo con la ley sobre prácticas de corrupción en el extranjero («Foreign Corrupt Practices Act»), al estar en ellos involucrado un ciudadano estadounidense y una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York.
DC|LP