Ricardo Martinelli enfrentará hoy el dedo acusador de Harry Díaz, uno de los magistrados que él nominó a la Corte Suprema de Justicia, y quien pide 21 años de prisión para el expresidente por, supuestamente, haber orquestado el plan de espionaje telefónico ilegal durante su gobierno.
Este viernes, el foco mediático estará sobre la audiencia en la que se definirá si Martinelli es llamado a juicio, si se le exculpa de la trama de los pinchazos, o si, lejos de ambos argumentos, pasa a ser un prófugo internacional. Se espera que el exmandatario no se presente.
Martinelli ha asegurado que no ha sido notificado, aunque el proceso debió haberse cumplido a principios de noviembre, cuando el magistrado Jerónimo Mejía, juez de garantías del caso, recibió la dirección física del expresidente en Miami, la ciudad en la que se ha afincado desde principios de año.
Abogados denunciantes han dicho que esa información no era suficiente, tomando en cuenta que Martinelli bien podría haber cambiado de domicilio. Mejía pretendió, entonces, su correo electrónico, pero la defensa dijo no tenerlo.
El artículo 154 del Código Procesal Penal establece que las diligencias en las que se informa sobre la fecha de una audiencia deben ser notificadas personalmente.
La Estrella de Panamá ha conocido que la estrategia de los abogados de Martinelli incluye desestimar la legitimidad de la investigación, y rebatir que su representado ha sido oficialmente notificado.
Esa realidad no sorprende al presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), José Alberto Álvarez, quien dijo que la estrategia de la defensa sería conseguir la suspensión de la diligencia. ‘Sin una audiencia no hay acusación, y sin acusación, no tiene de qué preocuparse’.
Esto último supondría la paralización temporal de la audiencia, hasta que la Oficina Judicial de la Corte Suprema haga lo propio, porque la presencia de Martinelli es fundamental en la ‘fase intermedia’ en la que se encuentra el proceso judicial.
Así, el expediente se acogería al artículo 158 del Código Procesal Penal, que establece que la persona a la que se le haya requerido y no haya comparecido será declarada en ‘rebeldía’, y se expediría, incluso, orden de detención.
En el caso de lo primero, si se materializa en algún recurso, debería ser resuelto en el acto, tomando en cuenta que Martinelli, al ser diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen), es procesado a través del Sistema Penal Acusatorio (SPA).
Los defensores de Martinelli han acusado que Jaime Agrazal, uno de los testigos de la investigación, fue presionado para declarar contra el exmandatario, argumento que ayer el fiscal Díaz rebatió haciendo circular una entrevista que le hizo el 24 de agosto pasado, voluntariamente, en la que aseguró que el exagente de inteligencia (prófugo) Ronny Rodríguez se reunía todos los lunes en Presidencia (aunque no supo especificar con quién) para rendir informe sobre las interceptaciones que se hacían en el edificio 150 del Consejo de Seguridad del Estado.
En la audiencia de hoy, el magistrado Díaz debería sustentar su acusación, un escrito para el que dice haber entrevistado a 70 personas, entre ellas a los diez denunciantes, así como 41 pruebas documentales. El último entrevistado fue el excandidato presidencial Juan Carlos Navarro, quien pidió encarcelar a Martinelli.
Antes de la diligencia, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia deberá decidir si admite o no una petición para que la Interpol ubique y extradite al expresidente Martinelli, tal como lo solicitado la defensa del catedrático Miguel Antonio Bernal, de la diputada Zulay Rodríguez y de la dirigente magisterial Yadira Pino.
DC|LEP