Un nutrido grupo de ex magistrados y juristas venezolanos impugnó ante el Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional a 382 aspirantes a 13 cargos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que la bancada oficialista pretende cambiar con mayoría simple el 23 de diciembre antes de que se renueve el Hemiciclo, que contará con mayoría calificada de legisladores de la Mesa de la Unidad Democrática.
Los motivos de las impugnaciones son dos: irregularidades en el procedimiento de postulaciones judiciales y ausencia de información sobre las aptitudes de los aspirantes a magistrados para detentar el cargo.
Entre las irregularidades del procedimiento destacan el fraude constitucional, pues los juristas consideran que la verdadera intención del Parlamento no es cumplir el mandato de la carta magna para designar magistrados, sino “cubrir esos cargos –algunos no vencidos– con ciudadanos que tienen vínculos partidistas con el Poder Ejecutivo”.
Los abogados, entre los que se encuentran Román Duque Corredor, Jorge Rosell, Pedro Rondón Haaz, René Molina, Ramón Escovar, Blanca Rosa Mármol de León, Rodrigo Rivera, Enrique Moreno y Flor Zambrano, destacan otros vicios: que cuando se inició el proceso no existían vacantes en el TSJ y que al iniciarse la convocatoria no se informó la lista de esos puestos.
También afirmaron que la convocatoria es extemporánea, pues la Ley Orgánica del TSJ señala que el trámite de preselección no puede ser mayor a 30 días que ya vencieron, por lo que, afirman, queda sin efecto el proceso.
Los abogados rechazan que en la lista de postulados, que se publicó de forma tardía, no se aclare cuántos y cuáles son los cargos que serán reemplazados lo que “viola el principio de publicidad del proceso”.
René Molina, ex inspector general de tribunales, explicó que el 24 de diciembre vence el lapso de impugnación de aspirantes a magistrados, razón por la cual el grupo de juristas decidió hacer sus observaciones para que se tomen los correctivos necesarios. “Vamos a impugnarlos a todos; queremos que se demuestre si los postulantes reúnen las condiciones que exige la Constitución”, indicó.
Molina aclaró que si el lapso de impugnación vence el 24 de diciembre, luego debe iniciar la apertura del intervalo de pruebas y de descargo, que no debe ser menor a ocho días, y después comienza un lapso para examinar los expedientes de cada uno. “Hablamos de un proceso que se extenderá hasta después del 15 de enero. No hay posibilidad de que nombren a los magistrados el 23 de diciembre. Tienen que acatar y los magistrados tienen que ser aprobados por la nueva Asamblea”, advirtió.
Uno a uno
Los juristas afirman que los postulados no cumplen, o no pueden demostrarlos, los requisitos que exige la Constitución para detentar el cargo de magistrado, como la buena reputación, pues no se ha mostrado ninguna documentación que así lo compruebe.
Aseguran que tampoco se ha podido demostrar si han ejercido la abogacía durante un mínimo de 15 años, si tienen un título universitario con posgrado en materia jurídica, o si han sido profesores universitarios en Ciencias Jurídicas durante un mínimo de 15 años, con categoría de titular.
Advierten que tampoco se demuestra, como exige la Constitución, que hayan sido juez superior con un mínimo de 15 años en ejercicio.
“Solicitamos que se proceda a la apertura de una articulación probatoria, con el objeto de que el postulado acredite los requisitos señalados”, pide el documento.
TSJ contra la Asamblea
El ex magistrado Jorge Rosell afirmó que el proceso de postulaciones de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia debe repetirse, porque la independencia judicial es la base del sistema democrático y un TSJ seleccionado a discreción por la bancada del oficialismo en la actual Asamblea Nacional solamente buscaría bloquear las decisiones del nuevo Parlamento.
“El Ejecutivo podría alegar razones de inconstitucionalidad de ciertas leyes para que sean revisadas por la Sala Constitucional y así se daría un bloqueo absoluto de las facultades del Parlamento”, advirtió.
La ex magistrada Blanca Rosa Mármol de León aseguró que el oficialismo no solo atropella la Constitución al pretender designar de forma violenta a 13 magistrados, sino al instalar un “Parlamento Comunal” que busca usurpar funciones y que, aseguró, no está en la carta magna. “Eso no está en la Constitución y, por ende, apenas la nueva Asamblea tome posesión se puede dejar sin efecto”, afirmó.
El Colegio de Abogados de Carabobo también impugnará el procedimiento de designación de magistrados. El abogado Enrique Romero dijo que el proceso está “absolutamente viciado”, pues la AN aprovechó la misma convocatoria que hizo a finales de 2014 para continuarla este año. “Deben ser dos distintas”, aclaró.
DC|EN