El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado anunció la apertura de procesos disciplinarios en contra de funcionarios de las EPS públicas y privadas por la grave situación en el sector de la salud que se está presentando. El jefe del Ministerio Público manifestó calificó como “dramáticos” los hechos que se han registrado en los últimos meses que afectan directamente a la comunidad.
En este sentido manifestó que de encontrarse falencias se emitir sanciones ejemplares en contra de los funcionarios por el incumplimiento de sus obligaciones “a pesar de haber conciliado y contar con recursos”. Debido a esto insistirá en ley de punto final en el sector para evitar el estado de calamidad que se avizora.
Señaló que se le debe dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con fundamento en la Circular 030”, expedida en el año 2013 por el Ministerio de Salud y la superintendencia del ramo a solicitud de la Procuraduría General de la Nación, con el propósito de establecer un procedimiento de saneamiento y aclaración de cuentas.
Con respecto a la situación del Hospital Universitario del Valle del Cauca, el Procurador General anunció que antes de tres meses habrá decisiones frente a ocho investigaciones que llevan las delegadas de Contratación y de Vigilancia Administrativa por quejas recibidas directamente por el jefe del Ministerio Público durante su visita a Cali en el mes de agosto, y que dan cuenta de situaciones que se vienen presentando en este centro asistencial.
En su intervención también hizo referencia a la situación manifestada por 34 jueces laborales que en reunión sostenida con la delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social pusieron en conocimiento de la Procuraduría, que como resultado de una decisión del Consejo Superior de la Judicatura están recibiendo los procesos relacionados con todas las deudas del Sistema de Salud, especialmente las del Fosyga con la red pública, para que procedan como jueces laborales cuando, según lo manifiestan ellos, no tienen la capacidad técnica ni la experticia para que en un proceso oral, de dos horas, determinen deudas por 100 mil o 200 mil millones de pesos. Al respecto indicó que la Procuraduría dentro de sus competencias preventivas realizará una próxima mesa de trabajo el 9 de diciembre de esta anualidad.
De otra parte, manifestó que desde las delegadas del Trabajo y la Seguridad Social y Asuntos Territoriales, la Entidad ha actuado de manera preventiva promoviendo mesas de trabajo tendientes al logro de acuerdos de pago; ha reiterado a los competentes la obligación de cumplir con lo establecido por la Circular 30 de 2013; ha trabajado con las EPS para encontrar las dificultades en el cumplimiento de sus funciones dentro del sistema, y ha requerido a las diversas instituciones para que realicen los pagos a las IPS y a las EPS.
Insistió en que desde el año 2010 la Procuraduría ha venido promoviendo la ley de punto final en materia de salud para evitar un colapso en el Sistema General de Seguridad Social en Salud puesto que es necesario separar las cuentas de las deudas antiguas, para que no se afecte el flujo corriente que es uno de los cuellos de botella más sensibles en este momento.
Finalmente, y a propósito de la liquidación de Saludcoop y la próxima de Caprecom señaló que las liquidaciones se rigen por las normas del sistema financiero y la graduación de acreencias del Código Civil, lo cual no garantiza un pronto pago, es decir que esta situación se puede incrementar, uno, dos o tres años, lo cual, sería el hueco negro, no del sistema de salud, sino de la institucionalidad, porque la dosis de credibilidad y de confianza resultarían terriblemente afectadas.
Así las cosas, si estas liquidaciones se rigen por las normas antes señaladas “(…) y eso no garantiza un pronto pago a los prestadores, entonces es inevitable diseñar un modelo distinto para garantizar el pronto pago, así sea de forma transitoria”, puntualizó el Jefe del Ministerio Público.