Jefes de personal de ministerios ejercen «tortura psicológica» contra trabajadores de la administración pública por el hecho de haber votado el 6-D por la oposición. Los amenazan con despedirlos o con que perderán sus puestos de trabajo una vez que se instale la nueva Asamblea Nacional, denunciaron sindicatos como el Movimiento Sindical de Base y Alianza Sindical Independiente y la ONG Provea.
«Existe una retaliación política, una tortura psicológica que se convierte en una humillación. Los trabajadores tienen miedo de perder su sustento», afirmó Pablo Zambrano, secretario general de Mobase, sindicato que reporta cuatro despidos en Cantv y uno en la Maternidad Concepción Palacios. Sustancia las denuncias de agresiones verbales y decisiones administrativas en los estados para poder actuar ante la Inspectoría del Trabajo.
«En todos los ministerios y organismos públicos hay amenazas, producto del discurso del presidente Nicolás Maduro. Él se quejó porque los trabajadores públicos decidieron apoyar otra opción electoral pues se cansaron de ser obligados a ir a marchas, vestir una franela. Maduro evidencia que no es un demócrata, ya que no solo ataca a los empleados públicos, sino que también critica a los beneficiarios de la Misión Vivienda y genera una matriz de que la nueva Asamblea derogará leyes sociales y cambiará la Ley Orgánica del Trabajo, cuando todo eso es falso», indicó Zambrano.
Acusó al gobierno de ser «el que más viola la LOT» porque incumple con el decreto de inamovilidad laboral, no incorpora a trabajadores cuando el Estado pierde un caso, no discute los contratos colectivos, no reconoce a los trabajadores tercerizados o crea fundaciones, como Barrio Adentro, para contratar al personal sin el goce de condiciones laborales.
Zozobra en el Parlamento
Aunque en la Asamblea Nacional no se ha producido una «botazón», el secretario de Sinfucan, José Rivero, reveló que la dirección de Talentos Humanos efectúa todas las tardes una «auditoría del personal».
«Los coordinadores amenazan con despedir a los `escuálidos’ y crean zozobra al asegurar que el nuevo Parlamento botará a los trabajadores como pasó en 1999, cuando la Asamblea Nacional Constituyente, de mayoría chavista, hizo una razzia laboral en el extinto Congreso», manifestó.
En el caso de ANTV, aseguró que la gerente de producción, Claudia Almeida, presiona en nombre del diputado del PSUV y presidente de la fundación de la televisora legislativa, Darío Vivas, para que el personal acepte hacer una cooperativa, que ella dirigirá, luego de que la directiva saliente del Parlamento renunció a las señales para evitar que la oposición cuente con un medio de comunicación.
«Diosdado Cabello sale a `defender’ a trabajadores de ANTV y AN Radio, pero durante tres años se negó a discutir el contrato colectivo de trabajadores del Parlamento y pretendió destituirme a pesar de tener fuero sindical», dijo Rivero.
La nueva central sindical, ASI, registra 10 trabajadores sacados de nóminas en Cantv y 50 en el Ministerio de Ecosocialismo, así como un retardo en surtir las proveedurías de repuestos para el transporte público por causas políticas.
«Los trabajadores legislativos están tranquilos a pesar de la incertidumbre por el cambio de directiva legislativa», dijo Rivero. Sin embargo, alertó que el sector transporte puede paralizarse en los próximos días si el gobierno no responde a los conductores. «50% de las unidades del transporte están paralizadas en el país», advirtió.
Vente Venezuela denunció que botaron a Gustavo Campos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones por ser militante de esa organización política. «Nunca, en casi tres años de trabajo, participé en actos del PSUV», dijo Campos.
El abogado José Amalio Graterol calificó los despidos de nueva lista Tascón. «Se violan los derechos a la disidencia, a la libertad de expresión, al trabajo y el uso de las redes sociales e Internet».
DC|EN