Irregularidades en la designación de magistrados que se autoevaluaron para obtener cargos en el TSJ
La comisión parlamentaria que estudia la designación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia les enviará la próxima semana una comunicación para solicitarles que se reúnan con la instancia legislativa.
El diputado Carlos Berrizbeitia, presidente de la comisión, aclaró que no se trata de interpelaciones sino que se les pedirá sus hojas de vida para verificar sus credenciales: “La idea es conversar sobre todo el proceso administrativo en el que fueron seleccionados”.
Dijo que la reunión es necesaria porque en los expedientes de esos magistrados que elaboró el Comité de Postulaciones Judiciales no se incluyeron sus currículos y aclaró que la comisión no pretende revocar a nadie.
La comisión se reunió esta semana con decanos de las Escuelas de Derecho de varias universidades que corroboran irregularidades en el proceso.
Para Berrizbeitia, entre los hallazgos más graves está la designación de la magistrada suplente Celeste Josefina Liendo para la Sala Constitucional (Gaceta Oficial número 40816 del 23 de diciembre). El problema, explica el diputado, es que Liendo era representante de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales (Gaceta Oficialnúmero 40509 del 1° de octubre de 2014), y su responsabilidad era evaluar las credenciales de quienes se postularan.
“Ella se evaluó a sí misma, así como hay un magistrado que era diputado del PSUV y además votó por sí mismo para magistrado”, expresó.
Como magistrado suplente de la Sala Político Administrativa quedó César Sanguinetti, que era diputado del PSUV.
Los decanos y los constitucionalistas consultados también cuestionaron que en la selección no se hicieran baremos y no se cumplieran los lapsos.
“Presumen que hubo presiones para adelantar la jubilación de los magistrados remplazados. Argumentan que el cargo no es de la persona, sino del organismo, por lo que si la jubilación se adelantaba los puestos tenían que ser cubiertos por sus suplentes”, agregó Berrizbeitia.
El PSUV amenazó con ir a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que se aclare si esa comisión es constitucional. Aún no lo ha hecho.
Presos. El diputado Luis Florido confirmó que desde la presidencia del Parlamento se enviaron oficios a los sitios de reclusión de los legisladores suplentes Renzo Prieto, Rosmit Mantilla y Gilberto Sojo, así como a los tribunales que llevan sus causas, “para que se cumpla la Constitución, sean puestos en libertad y la AN pueda incorporarlos”.
“El artículo 200 de la Constitución les garantiza la inmunidad parlamentaria; corresponde su incorporación”, afirmó.
DC|El Nacional