La diputada a la Asamblea Nacional, Dignora Hernández, insistió en que desde el Ejecutivo mantienen «un formato caracterizado por un lenguaje provocador, hostil e imprudente, quienes combaten cualquier idea que no venga de su seno, pues al parecer les resulta una agresión a sus ideales revolucionarias, poco o nada les importa la crisis humanitaria que vive nuestro pueblo».
Hernández explicó que «el discurso oficial abre las compuertas a las ideas descabelladas de algunos funcionarios públicos y avalan una serie de acciones que atentan contra las libertades ciudadanas, ejecutando conductas violatorias de derechos humanos. El discurso presidencial del 4F, al igual que cada uno de los que a diario realizan altos personeros, promueven inestabilidad social, política y económica, pretendiendo legalizar la represión estatal con su verbo».
Asimismo sentenció que el gobierno se muestra «descolocado y sin ideas claras de cómo superar la crisis que enfrentamos los venezolanos, y lo que es peor aún, se exhibe ante el mundo como un gobierno negado a escuchar el bien en las propuestas que se le hacen desde diferentes sectores de la vida nacional, desconociendo los derechos de cada ciudadano de participar en la búsqueda de soluciones que planteen una salida a la dramática crisis que vivimos, olvidando que la rebelión necesaria tiene que ser contra el hambre, la miseria, la crisis de salud, de servicios y la inseguridad. Nuestro pueblo se muere de hambre, mientras el gobierno huye hacia adelante y continúa en su cháchara».
La también dirigente nacional de Cuentas Claras aseveró que el decreto número ABMB-2021-0003-16emitido por la Alcaldía del Municipio Bruzual del estado Yaracuy, evidencia lo «desatinado» de las políticas del gobierno en materia de seguridad alimentaria. «Pone de manifiesto la falta de claridad y la incongruencia constitucional en el diseño y la implementación de políticas que propone el gobierno para hacerle frente a la grave crisis de desabastecimiento que nos aqueja, este decreto reza textualmente “…que los establecimientos comerciales dentro del ámbito territorial del municipio Bruzual del Edo-Yaracuy harán las ventas de productos regulados de mayor demanda y no regulados a los ciudadanos y ciudadanas residenciados en el municipio Bruzual, que aparezcan en la data correspondiente al registro nacional electoral, como votantes de este municipio …”.
Considera que el documento niega el derecho a la alimentación y por ende a la salud de un sector de la población «al no garantizar una nutrición adecuada y necesaria» para esta, «es un decreto temerario que incita a la lucha de pueblo contra pueblo al conseguir partidarios en un municipio (Bruzual) y detractores en otros (municipios aledaños), además de resultar inviable en su aplicación, pues como bien sabemos aparecer en la data electoral no es garantía de vivir o no en el municipio y excluye a quienes por ser menores de edad, por estar inscritos fuera del municipio o simplemente por no estar inscritos en el Registro Electoral necesiten alimentarse, justo es recordar que según el Artículo 21 de la Constitución en su numeral 1, reza que no se permitirá ninguna discriminación que anule o menoscabe el reconocimiento, goce o ejercicio de un derecho en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona de igual manera el numeral 2 garantiza las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva, adoptando medidas positivas a favor de quienes hayan sido discriminados».
La diputada Dignora Hernández culminó diciendo «cada día nos convencemos de la poca voluntad política del PSUV y de su estruendoso fracaso en la gestión gubernamental al no ser capaces de otorgar una mayor presencia al tema agrícola y alimentario, así como a la producción nacional que se traduzcan en programas de asistencia alimentarias eficientes. Quitarles la comida a algunos para dárselas a otros no puede ser la solución y por eso desde el Parlamento participativo y plural impulsaremos medidas que protejan a nuestro pueblo».
DC|NP