Roger Palacios, secretario de los sindicatos de trabajadores de la planta Marigüitar de Empresas Polar, notificó que un cargamento de 680 toneladas de atún permitió reactivar la producción de la planta por siete días.
Advirtió que el cargamento es insuficiente para operar a su capacidad promedio. Solo trabajan con una línea de producción. «Podríamos estar produciendo 1.500 toneladas de atún», informó en entrevista a El Nacional.
Explicó que todo el sector atunero en Sucre podría tratar de 6.000 a 6.500 toneladas, pero la carencia de materias prima reduce su rendimiento.
En una rueda de prensa este miércoles, Palacios y representantes de 24 organizaciones sindicales de Pepsi-Cola de Venezuela, Alimentos Polar y Cervecería Polar se pronunciaron sobre las fallas en la adjudicación de divisas que vulneran la estabilidad en la elaboración y distribución de productos básicos.
La fábrica, en la que trabajan más de 10.000 empleados, también produce atún, aceites y salsas, como la pasta de tomate.
«Hay puestos de trabajo en riesgo por el déficit en el actividad de la industria», acotó.
Palacios detalló que el atún procesado es importado en su mayoría, lo que condiciona a la planta a operar de acuerdo con los dólares asignados por el gobierno.
El atún es parte de la canasta básica de alimentos. En la actualidad es uno de los productos escasos y su precio se elevó 13,9%, al igual que otros pescados y mariscos al cierre de 2015, informó el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas – FVM).
El trabajador puntualizó que las latas y los recipientes de los productos necesitan hoja lata para su manufactura.
Indicó que buena parte de este recurso proviene de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor), que presentó sus peores niveles de producción en octubre del año 2015.
La escasez de repuestos es otra de las problemáticas. El laboralista explicó que desde hace un año operan sin realizarle mantenimiento a sus equipos.
Niegan convención colectiva
A los trabajadores de Marigüitar se les negó su contratación colectiva temporalmente hasta el año 2018 porque el Ministerio para el Trabajo no aprobó el acuerdo entre la empresa y sus trabajadores.
El dirigente sindical presentó un laudo arbitral establecido por las autoridades, que niega la homologación colectiva hasta su vencimiento en el año 2018.
“Este documento fue impuesto por las instituciones públicas y vulnera los derecho laborales de los trabajadores”, denunció.