José Eduardo Cardozo, ministro de Justicia de Brasil, renunció este lunes entre fuertes rumores sobre supuestas presiones del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), al parecer descontento con su acción frente a la corrupción, informaron fuentes oficiales.
Cardozo estaba en el cargo desde enero de 2011, cuando llegó al poder la presidenta Dilma Rousseff, y estaba considerado como uno de los más fieles a la mandataria.
El Gobierno confirmó la salida de Cardozo en una “escueta” nota oficial, en la que indicó que su cargo será ocupado por Wellington Cesar Lima, un abogado con carrera en el sector público y vinculado al actual ministro de la Presidencia, Jaques Wagner.
La posibilidad de la renuncia de Cardozo fue conjeturada durante el fin de semana por la prensa local, que atribuyó su decisión a las “presiones” que estarían ejerciendo sectores de la base oficialista salpicados por las investigaciones sobre corrupción en la estatal Petrobras y en otras áreas de la administración pública.
El malestar con Cardozo, según esas versiones, estaría encabezado por el PT, al que pertenece Rousseff, que habría pedido la salida del ministro debido a un alegado “descontrol” en la Policía Federal, responsable de las investigaciones sobre corrupción.
De esos rumores se hizo eco la Asociación de los Comisarios de la Policía Federal, que en un comunicado criticó la posibilidad de que Cardozo dejara el cargo.
“Los comisarios de la Policía Federal recibieron con una extrema preocupación las noticias sobre una inminente salida del Ministro de Justicia en razón de presiones políticas”, dice la nota.
El comunicado agrega que “la Policía Federal defenderá la independencia funcional y la libre conducción de las investigaciones criminales y adoptará todas las medidas para preservar la poca, pero importante, autonomía que la institución conquistó”.
Según la prensa local, en una convención celebrada el pasado sábado en Río de Janeiro para celebrar los 36 años de la fundación del partido, dirigentes del PT exigieron la renuncia de Cardozo a fin de que el Gobierno ejerciera un mayor “control” sobre la Policía Federal, que depende del Ministerio de Justicia.
DC | EFE