Colegio de abogados de Brasil solicita nuevo juicio político contra Rousseff

La Orden de Abogados, órgano colegiado que reúne a los profesionales del derecho de Brasil, solicitó a la Cámara de Diputados la apertura de un segundo juicio político con miras a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff.

Esta solicitud formal, presentada en medio de tumultos ante la Mesa Directora de la Cámara Baja, se suma a otra que ya tramita en el Congreso y en la que Rousseff es acusada de irregularidades en los balances que el Gobierno presentó en los últimos dos años.

La acción intentada por el Colegio de Abogados fue aprobada por 26 de los 27 directorios de ese organismo en el país y, además de esa misma acusación, incluye sospechas de que Rousseff intentó obstruir a la justicia en las investigaciones sobre el escándalo de corrupción en la estatal Petrobras.

Ese último punto fue reforzado con el nombramiento, por ahora suspendido por el Tribunal Supremo, del antecesor y padrino político de la mandataria, Luiz Inácio Lula da Silva, como ministro de la Presidencia, pese a que responde en dos causas por supuesta corrupción.

La Orden de Abogados sostiene que Rousseff, al designar a Lula para un cargo en su gabinete, intentó darle largas a los procesos en su contra al ofrecerle los fueros privilegiados que protegen a todo ministro.

La presentación del nuevo pedido de juicio parlamentario contra la mandataria ocurrió en medio de protestas de grupos de abogados y activistas que apoyan a Rousseff y que abuchearon a los miembros de la Orden tanto a las puertas del Congreso como en el interior.

Los partidarios de Rousseff gritaban “no habrá golpe”, una frase que se ha convertido en un himno en todas las manifestaciones de apoyo a la mandataria, que ha rechazado las acusaciones en su contra y las ha denunciado como un intento de “derrocar” a su Gobierno.

El presidente de la Orden de Abogados, Claudio Lamachia, lamentó los incidentes y aseguró que el documento presentado por ese órgano colegiado “no tiene colores partidarios” y se apoya “solamente en un examen técnico y jurídico de las claras irregularidades” en las que sostuvo que ha incurrido la mandataria.

DC | EFE