Nadie arresta al chef que echa una langosta viva en una cazuela de agua hirviendo. Esa es la defensa que presenta el operador de un matadero acusado de matar de hambre, acuchillar, golpear e incluso meter cerdos en agua hirviendo. Los animales estaban destinados al consumo humano en Miami.
Al afirmar que las leyes floridanas sobre la crueldad con los animales son vagas e inconstitucionales, Gregorio Santa Ana ha pedido a un juez de Miami-Dade que desestime los cargos. La solicitud crea las condiciones para una poco común batalla judicial en una ciudad donde la carne de cerdo es muy apreciada, particularmente en la época navideña, cuando muchas familias hispanas asan cerdos enteros.
“El hecho es sencillamente que los mataderos son lugares para matar, sacrificar y provocar dolor a los animales antes de convertirlos en alimentos para los seres humanos”, escribió el abogado defensor Robert Barrar en su solicitud al tribunal. “La sociedad he reconocido eso”.
El juez fallará sobre la solicitud más adelante este mes.
Pero los fiscales de Miami-Dade consideran la solicitud algo ridículo porque el matadero no autorizado de Santa Ana funcionaba fuera de las normas que rigen los mataderos modernos, supervisados por las leyes estatales y federales.
“Lo que [Santa Ana] tenía eran unas casuchas sucias que se usaban ilegalmente para mutilar animales para el consumo humano en condiciones que hacen recordar la suciedad y las enfermedades de que se lamentó Upton Sinclair en su libro The Jungle”, escribió el fiscal Warren Eth en su respuesta.
La investigación fue liderada por la organización Animal Rescue Mission del sur de la Florida, un grupo privado que combate a mataderos ilegales y otras formas de abuso contra los animales.
El fundador, Richard Couto, dice que el grupo ha logrado cerrar docenas de lugares donde abusaban de los animales en toda la Florida. Sus investigadores encubiertos —quienes colaboran con policías y autoridades de Miami-Dade— con frecuencia se centran en operaciones de bajo nivel en lugares aislados del campo al noreste de Hialeah Gardens.
Ningún matadero, ni siquiera los supervisados por el Departamento de Agricultura federal, son lugares agradables. Pero las licencias que reciben les exigen atontar a los animales antes de sacrificarlos y una larga lista de normas en materia de salud y manipulación.
En años recientes, investigadores de Animal Rescue Mission, que se hacían pasar por clientes, han filmado numerosos actos de crueldad contra animales, lo que ha llevado al arresto de numerosas personas.
Pero las acusaciones no siempre han sido fáciles de sacar adelante.
En el caso de Rudesino “Rudy” Acosta, en el 2011, un ex distribuidor de marihuana que enfrentaba 85 años de prisión en el caso del matadero, sus abogados defensores atacaron las tácticas y credibilidad de Couto, así como la conducta de los fiscales en el caso.
A final de cuentas el estado permitió que Acosta sólo fuera condenado a 10 años de libertad condicional, y además esa condena no aparece en sus antecedentes.
Sin embargo, indica el abogado defensor de Acosta, los casos contra los mataderos son difíciles porque las leyes de la Florida contra el abuso a los animales no exigen que exista “una intención específica” de crueldad, incluso contra el ganado, para condenar a alguien.
“Estos casos provocan una respuesta emocional fuerte, que de inmediato pone en entredicho la presunción de inocencia”, dijo Jude Faccidomo. “Y ante la ausencia de una intención específica en la ley, los acusados corren muchos riesgos en el juicio”.
En enero de este año, en otro caso que generó muchos titulares, un operador de matadero llamado Raúl “Freaky” Fernández, se declaró culpable y fue sentenciado a 18 meses de prisión.
Pero otros dos hombres arrestados en el mismo caso planean ir a juicio. Los abogados contemplan alegar que las autoridades sólo están persiguiendo a cubanos e hispanos, quienes tienen un largo historial de sacrificar cerdos, particularmente en las Navidades.
“¿Le hace algo la policía a Home Depot por vender veneno para matar roedores?”, preguntó el abogado George Pallas, que representa a Yonisley García. “¿Y qué sucede cuando Winn-Dixie importa carne de Canadá, México y Argentina? No sabemos cómo sacrificaron a esos animales”.
Santa Ana, que ahora tiene 70 años, quedó inicialmente en la mira de Animal Rescue Mission durante la Navidad del 2014.
Ahí fue cuando Couto y los investigadores encubiertos comenzaron a visitar la propiedad rural conocida como “Coco Farm” en la cuadra de los 11800 de la Calle 41 del noroeste. Los investigadores dicen que el matadero de Santa Ana era un desastre. Couto calificó al hombre de “el padrino de la industria de los mataderos ilegales”.
“La forma en que trataban a los animales es algo que no hemos visto en un tiempo”, dijo Couto. “A los otros animales les daban de comer los intestinos de los recién sacrificados. No había agua corriente. En la parte de atrás había cientos de restos de animales. Era un lugar tóxico”.
Y agregó: “La forma en que mataban a los animales era en extremo violenta. A los chivos les arrancaban la cabeza. A los cerdos los apuñalaban en el cuello y el corazón”.
En un caso, dos de los empleados de Santa Ana pusieron un cerdo acuchillado en una tina de agua hirviendo cuando todavía mostraba señales de vida”, dice una orden de arresto.
Santa Ana y Rubén Rodríguez, de 68 años, fueron acusado de numerosos cargos de crueldad con los animales.
Antes que el caso vaya a juicio, el abogado defensor de Santa Ana ha presentado numerosas impugnaciones jurídicas.
Entre las alegaciones presentadas por el abogado están: que Animal Rescue Mission grabó ilegalmente en secreto a los acusados, que las leyes de la Florida no suplantan las leyes federales que gobiernan los mataderos y el llamado “ahogamiento” de los cerdos, aunque desagradable, no es un delito.
“Si el ex presidente Bush, con la ayuda del asesor jurídico de la Casa Blanca, puede aprobar el uso de técnicas de ahogamiento de seres humanos, y no considerarlo un trato inhumano, ¿cómo podemos enjuiciar a alguien por ahogar a un animal en un matadero?”, escribió el abogado Barrar.
La solicitud provocó fuertes respuestas de la fiscalía estatal, que señaló que los empleados no podían esperar un entorno de privacidad en que no los grabaran en un lugar que estaba lleno de gente.
Por su parte, el fiscal Eth escribió que en el lugar no se daba un trato apropiado a los animales.
El juez de circuito de Miami-Dade, Daryl Trawick, emitirá su fallo sobre las mociones el 15 de marzo.